El PRI maniobró en la Primera Comisión de la Permanente para que el dictamen en el que se solicita información de políticas en marcha para combatir la violencia contra las mujeres en los estados de México y Zacatecas (donde gobiernan los priístas Eruviel Ávila y Alejandro Tello, respectivamente), así como en Chiapas (gobernado por Manuel Velasco, del PVEM), no fuera exclusivo para esos mandatarios, sino que el exhorto fuera general a todos las entidades.

Legisladores de Movimiento Ciudadano, PRD y PT, por separado, presentaron diversos puntos de acuerdo en los que se solicita a los mandatarios locales que rindan información de los feminicidios registrados en sus entidades y de las alertas de género en marcha. Este fenómeno no es privativo de tres entidades, sino que es general, argumentó la presidenta de esa comisión, la priísta Graciela Ortiz.

Asimismo, se aprobó el dictamen por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación que se refuercen las acciones para detectar, prevenir y combatir el contrabando de armas, que se ha convertido en uno de los principales factores del aumento de la violencia en el país.

Se señaló que de acuerdo con datos de los promoventes del punto de acuerdo, sólo en enero de este año hubo 707 personas lesionadas y mil 314 homicidios cometidos con armas de fuego a escala nacional, lo que revela la magnitud del riesgo que representa el ingreso ilegal de armas a México.

El documento aprobado destaca que “de acuerdo con la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, entre 2009 y 2010, 70 por ciento de las armas decomisadas en México eran de procedencia estadunidense.