Rechaza Gobernación que instancias externas se hagan cargo de la justicia nacional
Domingo 4 de junio de 2017, p. 8
El gobierno mexicano acepta el escrutinio, asistencia y colaboración de organismos internacionales para atender la problemática de agresiones a periodistas, dijo la Secretaría de Gobernación (SG).
Este apoyo no significa la sustitución de funcionarios nacionales por enviados de instancias externas, precisó el subsecretario de Derechos Humanos de esta dependencia y responsable de la operación de mecanismo federal de protección a periodistas, Roberto Campa.
México ha reconocido que tiene retos en materia de justicia, dijo, y vemos como alternativa aceptable todo el escrutinio, colaboración y acompañamiento internacional en general y en particular para el caso de los periodistas.
Sin embargo, estoy totalmente en contra de que lo anterior se entienda como una solicitud para que vengan instancias internacionales a hacerse cargo de las instituciones de justicia en nuestro país.
La historia de México muestra que las supuestas soluciones que vienen de fuera no resuelven los problemas. Se han equivocado siempre quienes han creído en los extranjeros como los salvadores
, dijo el subsecretario Campa, luego de firmar un convenio de colaboración entre las entidades federativas y la SG, precisamente para atender la problemática de agresiones a comunicadores.
Tan sólo en este año han sido asesinados siete periodistas, al tiempo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) alerta sobre el alto nivel de impunidad en que se encuentran los casos de homicidios y desapariciones de integrantes de este gremio.
Al igual que la CNDH, el Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, donde participan especialistas en ambas materias, advierten de los riesgos de dejar esta acción en manos de las autoridades locales, porque es en ese nivel de donde ha surgido la mayor parte de las agresiones.
Hacen énfasis además en la inoperatividad de generar sólo más discursos y estructuras burocráticas.
Tanto el Consejo Consultivo como legisladores sugieren la urgente participación, por ejemplo, de relatores de Libertad de Expresión de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes ya han solicitado al gobierno mexicano ser invitados.
Por lo pronto, se alista para el 22 de junio una visita de integrantes del Comité para la Protección de Periodistas, con sede en Nueva York, a la sesión del mecanismo mexicano.
A escala doméstica, los gobernadores o sus representantes firmaron un convenio con la SG.
Acorde con el documento esto significa un compromiso de implementar protocolos de prevención y protección que garanticen la vida, integridad y libertad de los comunicadores y activistas. Igualmente, asegurar el intercambio de información y seguimiento a las investigaciones.
Entre las obligaciones de las autoridades locales están: ejecutar y dar seguimiento a las medidas solicitadas por el mecanismo federal y participar, como invitados, en la junta de gobierno del mismo, con consentimiento del periodista o defensor beneficiario.
Gobiernos federal y locales se comprometen a investigar, recopilar y analizar información para evitar agresiones, y diseñar un sistema de alera temprana y planes de contingencia como medidas de prevención.
Además, promover el reconocimiento público de la labor
de los periodistas y defensores, así como intercambiar información y experiencias técnicas, en el contexto de confidencialidad de los datos.
Campa Cifrián aseguró que las acciones comprometidas no significan la creación de más oficinas, sino de especialización del personal a cargo del tema y de construcción de protocolos, con base en lineamientos de instancias reconocidas internacionalmente, como Freedom House.
