a decisión del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) de dirigir colectivamente la movilización indígena y popular contra el poder oligárquico y de nombrar a María de Jesús Patricio Martínez (Marichuy) como su vocera, así como la declaración de ésta diciendo que el CIG utilizará la campaña electoral para organizar y no meramente para conseguir votos aportan un rayo de luz al sombrío panorama nacional.
Después de Rosario Ibarra de Piedra, quien fue la primera candidata en unas elecciones presidenciales mexicanas, Marichuy es símbolo de las mujeres populares y de los indígenas y no sólo, como Rosario, de un puñado de madres valientes en busca de sus hijos desaparecidos y de una organización revolucionaria anticapitalista –el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT)–, políticamente muy importante, pero minoritaria; esta candidatura cuenta además con el apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Tanto éste como el CIG hasta ahora declararon ser anticapitalistas, pero no expusieron un programa que dé forma y objetivos al anticapitalismo en México y, por tanto, la campaña de organización popular, indígena y de los trabajadores corre todavía con los pies atados.
Además, de las declaraciones de Marichuy de que no quiere ganar el gobierno de México sino organizar, podría desprenderse la intención de presentar una candidatura simbólica y virtual, no registrada, como fue en su momento la muy importante de Valentín Campa, candidato del Partido Comunista Mexicano y del PRT, trotskista.
Esta posibilidad hace correr el riesgo de una contraposición, por un lado, entre el desarrollo de la conciencia y la organización y, por otro, la recolección de más de 800 mil firmas que avalen a Marichuy y la utilización revolucionaria del proceso electoral. Los partidos defensores del sistema capitalista de explotación y opresión, en efecto, sólo buscan votos para ocupar posiciones institucionales, pero los revolucionarios, por el contrario, utilizan siempre todos los instrumentos y todos los campos, incluso los elegidos por los explotadores, como si fuera posible ganar poder por esa vía.
Además, en el caso de una candidatura simbólica, de propaganda, los votos que se pudieran obtener no serían registrados y aparecerían simplemente mezclados con otros como votos nulos, perdiendo así peso simbólico.
Ni el CIG ni el EZLN han aclarado hasta ahora si centrarán su acción política solamente sobre las legítimas demandas de las diversas etnias indígenas o si, por el contrario, se orientan hacia la concientización y la organización de los oprimidos en todo el país –lo cual les obligaría a formular propuestas concretas para situaciones y problemas muy disímiles y a cotejarse con otros hombres y mujeres en lucha pertenecientes a organizaciones diferentes y con posiciones políticas diversas. No está claro, en una palabra, si Marichuy espera contar con la movilización y el apoyo de las organizaciones y movimientos de muy diverso tipo que luchan hoy en las calles y plazas contra el gobierno capitalista o si se dirige sólo a las bases de apoyo tradicionales del EZLN, que son importantes, pero minoritarias.
El programa revolucionario es lo que podría atraer a muchos que piensan abstenerse o votar en blanco porque ven la candidatura de Morena como una tabla de salvación para el capitalismo en crisis económica, política y moral o, incluso, a otros muchos que no son seguidores ciegos de Andrés Manuel López Obrador, pero piensan que una victoria de Morena podría crear mejores condiciones para revertir todas las reformas reaccionarias implantadas por PRI-PAN-PRD y responder mejor a la ofensiva imperialista y a la brutalidad de Donald Trump.
Los símbolos, en política, son muy importantes, pero no bastan. No es suficiente presentar una vocera indígena. Ni el sexo ni el carácter étnico son garantía suficiente: es necesario proponer ideas anticapitalistas, objetivos de lucha, una organización horizontal y democrática en la que todos discutan y decidan.
Los puntos del programa podrían incluir:
– Reconocimiento pleno de los derechos y reivindicaciones indígenas.
– Aumento general de salarios y jubilaciones, para crear un vasto mercado interno. Igualdad salarial entre ambos sexos.
– Seguridad social y atención sanitaria para todos, controlada por los derechohabientes.
– Anulación inmediata de las leyes y decretos antipopulares y reaccionarios (en especial de la reforma a la Ley Federal del Trabajo y de la ley energética o de la ley de enseñanza).
– Auditoría a la deuda externa. Anulación de todos los acuerdos lesivos para México (Tratado de Libre Comercio de América del Norte y otros).
– Retorno de los militares a los cuarteles. Su remplazo por policías comunitarias y milicias populares y dotación a las mismas de armas modernas.
– Estatización de los bancos para evitar el lavado de dinero, frenar la evasión de capitales y estimular el crédito.
– Plan nacional de creación de empleos elaborado comunidad por comunidad, colonia por colonia en asambleas que evalúen los recursos disponibles, las necesidades y las prioridades.
– Fin inmediato de la gran minería depredadora y expulsora de campesinos.
– Tribunales populares para juzgar los asesinatos de mujeres, la trata, el narcotráfico.
– Control de periodistas y usuarios sobre los medios de información que apoyan ideológicamente al sistema.
– Separación total entre el Estado laico y las diversas religiones.
– Política internacional independiente y antimperialista.
Propongo que el CIG ponga a discusión estos puntos u otros similares y defina el carácter de su campaña de organización.
