En el estado de México, donde uno de cada dos habitantes vive en pobreza, el gobierno estatal ha mantenido durante todo el periodo de campañas electorales la entrega de programas sociales. Tinacos, estufas, cemento y otros insumos llegaron a manos de los potenciales votantes. Son múltiples los apoyos que se dan y el escenario en que es relevante su uso electoral es en contiendas reñidas, como es el caso.

En un proceso donde la distancia entre candidatos es amplia, el peso del uso electoral de los programas es poco, pero no ocurre así en una contienda cerrada, como en la del estado de México, señaló Héctor Rubio, coordinador interinstitucional de Acción Ciudadana frente a la Pobreza.

Bajo el amparo del decreto 197 del gobierno estatal, desde el 31 de marzo se legalizó la entrega de 69 de 90 programas durante campañas electorales. Apenas el lunes 29 de mayo, seis días antes de la jornada, por otro decreto se determinó reducir a 49 los programas en ­funcionamiento.

La legislación electoral señala que durante 30 días antes de la jornada de votaciones no podrán operar programas sociales en que se entreguen materiales, alimentos o promoción, con excepción de los de extrema urgencia relacionados con desastres naturales o enfermedades, explicó Paola Contreras, integrante del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos.

Pese a ello, el gobierno del estado mantuvo acciones de desarrollo agropecuario, como el Programa Integral de Desarrollo Rural, a través del cual se entrega dinero para la compra de maquinaria, herramientas agrícolas, calentadores y estufas solares, equipos potabilizadores, tinacos, cemento, varillas y apoyos para vivienda rural. También se mantiene la entrega de becas para estudiantes de educación media superior, nivel medio superior, para escuelas particulares, para madres de familias, estudiantes indígenas y para discapacidad, entre otros.

En general, se trata de programas en que prevalece la opacidad que lleva a espacios para la corrupción, advirtió Rubio. Apuntó que el gobierno federal también da uso discrecional a los programas: el estado tiene cobertura tres veces más de comedores comunitarios, con un total de 2 mil. Hay 681 mil familias integradas a Prospera –que pueden recibir un máximo de casi 3 mil pesos al bimestre por hogar– e integra a unos 2.7 millones de beneficiarios. Hay 1.9 millones de personas que reciben leche de Liconsa y 528 mil personas en el programa de Adultos Mayores. A esto se suma la pasarela de funcionarios federales en el estado para la entrega de apoyos.

Pese a estos múltiples apoyos la pobreza en la entidad en lugar de disminuir creció en millón y medio de personas entre 2010 y 2014 –último dato oficial que se tiene–, al pasar de incidir a 42.9 por ciento a 49.6, hay 8.2 millones de personas en esa situación. Con un padrón electoral de 11.3 millones de personas, el estado es un ejemplo de la magnitud de la pobreza y la falta de efectividad de los programas sociales, esto marcado por la falta de transparencia, sesgos discrecionales y clientelismo político, señaló Acción Ciudadana.

También hay grandes desigualdades. Hay municipios como Huixquilucan, donde tres de cada 10 personas está en pobreza, mientras en Tejupilco, de la región Tierra Caliente, la situación es la contraria: siete de cada 10 viven en esa condición, de acuerdo con datos a 2010 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En municipios urbanos, como Chalco, 53.9 por ciento de los mexiquenses están en pobreza y en Chimalhuacán 62.7 en esa condición, de acuerdo con datos de 2010, cuando en la entidad había menos índices de pobreza que en 2014. La información correspondiente a 2015 no se divulgó debido a la controversia del año pasado entre el Coneval y el Inegi.

Los funcionarios manejan los recursos públicos como suyos y a la gente le entregan los apoyos como si fueran dádivas, no parte de sus derechos. No se ataca la pobreza, los funcionarios asumen que el recurso es suyo. No se generan capacidades para que las personas salgan del círculo de la pobreza, lo que se hace es dar una despensa o recursos económicos, señaló Paola Contreras, del Observatorio de Política Social.

El contexto de pobreza hace que la población inscrita en los programas sociales esté en riesgo de coacción del voto o uso electoral de esas acciones, advierte Rubio. La pobreza no tiene que ser un botín político. No se puede llegar a 2018 con la coreografía del uso electoral de la pobreza. Ahora, por ejemplo, se pide el voto con la promesa de más apoyos, como la Tarjeta Rosa.