El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, garantizó recursos este año para la operación del mecanismo de protección a periodistas y gestionar lo conducente para el entrante. Las medidas operativas, subrayó, deben ir acompañadas de una revaloración pública y social de los comunicadores, porque si la prensa calla, la democracia retrocede.

El avance de la democracia requiere de un periodismo libre, de una prensa que pueda hablar, publicar y criticar sin cortapisas, porque no es el silencio, sino la palabra libre lo que fortalece a México, señaló ante gobernadores, reunidos de nueva cuenta para generar estrategias para proteger a los comunicadores.

Osorio Chong afirmó que existe una respuesta de Estado ante este problema, definido por el propio funcionario como producto de ataques perpetrados por delincuentes, pero también “a la debilidad o infiltración de algunas autoridades.

“Por eso estamos hoy aquí, porque es una obligación del Estado garantizar que las y los periodistas puedan realizar su labor con seguridad.

“El periodismo libre –destacó– no sólo es un derecho constitucional, sino también una mirada crítica que da vida y sustento a la democracia y fortalece la transparencia y la rendición de cuentas.”

Derivado de la reunión con el Presidente de la República, el pasado 17 de mayo, los gobernadores firmaron ayer un convenio de coordinación con Gobernación para proteger a los comunicadores.

Hasta ahora se ha hablado de que cada entidad tenga instancias especializadas sensibles y capacitadas para atender a los periodistas; investigar las agresiones contra ellos; generar protocolos de investigación y, sobre todo, ser sensibles a la importancia de protegerlos.

Al respecto, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl González Pérez, advirtió a funcionarios y gobernadores acerca de los riesgos de tomar decisiones precipitadas u oportunistas, así como de aplicar medidas paliativas, soluciones parciales o crear una burocracia inoperante.

Se requiere atender las causas de las amenazas y agresiones que se llevan a cabo, establecer acciones que den resultados de fondo, que acaben con la impunidad que desafortunadamente se ha generalizado, dijo.

En poco menos de cinco meses, precisó el ombudsman, se ha cometido un número de homicidios cercano a 5 por ciento del total registrado en los pasados 17 años; ello significa un aumento de 300 por ciento en el número de casos respecto de 2016.

No obstante, en 82 por ciento de los casos, de indagatorias relacionadas con homicidios de comunicadores, prevalece la impunidad; este porcentaje se eleva a 100 por ciento en situaciones de comunicadores desaparecidos y en los 51 atentados a instalaciones de medios de comunicación. Para la CNDH, la violencia contra este gremio es una forma de censura.

En términos generales existe un 90 por ciento de impunidad, lo que revela ausencia de resultados efectivos en el esclarecimiento de agravios a la libertad de expresión, lo cual pone de manifiesto la existencia de una problemática real en la administración y procuración de justicia en nuestro país.

González Pérez pidió se revise el pronunciamiento del consejo ciudadano del mecanismo federal de protección a periodistas, en especial por los riesgos de sólo emitir más discursos o construir burocracia inoperante (La Jornada 28/5/17).

González Pérez hizo énfasis en la importancia de que la labor de los comunicadores sea reconocida al más alto nivel político.

En su turno, Miguel Ángel Mancera, presidente en turno de la Conago, subrayó el compromiso de las autoridades locales para ampliar la protección a periodistas, generar protocolos de acción y capacitar y sensibilizar al personal responsable.