Caracas.

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, cuestionó un dictamen del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el cual, el miércoles pasado, autorizó al presidente Nicolás Maduro convocar a la Asamblea Nacional Constituyente sin consulta popular previa, con lo cual profundizó su distancia del gobierno, que ya la identifica como disidente que podría poner en riesgo el futuro del proceso revolucionario.

Esta sentencia es un retroceso en materia de derechos humanos, manifestó Luisa Ortega luego de introducir en la sala constitucional del máximo tribunal una solicitud aclaratoria del dictamen.

Explicó que la aclaración es para ver si fue derogada la llamada democracia participativa y protagónica, bandera del fallecido ex mandatario Hugo Chávez para impulsar la Constitución actual, aprobada en 1999 en una consulta popular.

Ortega también informó que su despacho investiga la muerte del juez Nelson Moncada, quien ratificó la condena de 14 años de prisión contra el líder opositor Leopodo López, al ser interceptado la noche del miércoles cuando intentaba evadir una barricada en Caracas. El gobierno aseveró que no descarta que el hecho se trate de un sicariato perpetrado por la oposición.

Al cierre de la edición se informó que partidarios del gobierno se manifestaron frente a la fiscalía, en demanda de que la fiscal general presente su renuncia.

El defensor del pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, habló de 65 muertos –cinco más que la fiscalía– desde que se desataron las manifestaciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro, hace dos meses, al dar a conocer un balance sobre las manifestaciones.

Explicó que 52 fallecimientos han ocurrido durante las protestas y 13 durante saqueos. Veinte decesos se produjeron por arma de fuego y 16 víctimas no participaban en las movilizaciones, subrayó Saab, quien instó a la fuerza pública a garantizar el respeto a los derechos humanos en la contención de las protestas opositoras y que se extremen las precauciones al usar bombas lacrimógenas para evitar su propagación a hospitales, escuelas y espacios públicos.

Mientras tanto, el TSJ ordenó al gobernador de Miranda, el opositor Henrique Capriles, impedir que en su estado se instalen barricadas de protesta contra el gobierno. Le advirtió que de incumplir la sentencia podría ir a la cárcel.

En este contexto, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, expresó que Venezuela quedó aislada en la reunión de cancilleres del miércoles, a pesar de que no se pudo alcanzar una posición común o aprobar uno de los dos proyectos de declaración que estaban sobre la mesa.

En tanto, el presidente de Bolivia, Evo Morales, acusó a Almagro de ejecutar una política similar al Plan cóndor, la represión contra la izquierda lanzada por regímenes militares sudamericanos en los años 70 del siglo pasado, al señalar en un tuit que si no elimina físicamente, quiere eliminar políticamente a presidentes y gobiernos antimperialistas.