El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Javier Laynez Potisek determinó reabrir la fase de admisión de alegatos en las acciones de inconstitucionalidad presentadas contra la Carta Magna de la Ciudad de México, a efecto de permitir que la Asamblea Constituyente presente su informe en defensa de la validez de los preceptos impugnados.

El acuerdo, emitido el pasado 30 de mayo, da un plazo de 15 días hábiles a la Constituyente para que presente el informe correspondiente, lapso que comenzará a correr el próximo lunes, día en que se hará formalmente la notificación del fallo.

El ministro Laynez emitió dicho acuerdo en respuesta a la solicitud que el pasado 25 de mayo entregó a la Corte el presidente de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente, Alejandro Encinas Rodríguez, para regularizar el procedimiento una vez que la SCJN reconoció a dicho órgano legislativo calidad de autoridad responsable para defender el texto constitucional local en las controversias constitucionales, a fin de que se admitiera también su participación en las acciones de inconstitucionalidad.

Antecedentes

Inicialmente, la segunda sala a cargo del ministro Alberto Pérez Dayán, resolvió un recurso de reclamación promovido por Encinas contra el acuerdo del ministro Laynez en el que no se reconoció a la Asamblea Constituyente como autoridad demandada y transfirió dicha responsabilidad a la Asamblea Legislativa (ALDF).

En su resolución, Pérez Dayán indicó que si bien concluyó la actividad legislativa de la Constituyente, una vez expedida la Carta Magna, no se extinguió su personalidad jurídica para efectos de representación, defensa y rendición de cuentas, otorgándole legitimidad para responder como autoridad demandada, pero sólo para el caso de las controversias constitucionales que presentaron la Presidencia de la República, el Tribunal Superior de Justicia capitalino y el Senado.

Encinas, a nombre de la Constituyente, pidió a la Corte la rectificación del procedimiento para que se le conceda defender también a la Constitución local de las acciones de inconstitucionalidad de la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los partidos Morena y Nueva Alianza.

Por congruencia con la determinación adoptada por la segunda sala y a fin de que el tribunal pleno cuente con mayores y mejores elementos para emitir la resolución correspondiente, se estima pertinente regularizar el trámite en este asunto, señala el acuerdo de Laynez Potizek.