A 111 años de la histórica huelga de Cananea, los mineros mexicanos registran una de sus peores épocas en la lucha por sus derechos, ya que gobiernos regresivos toleran las violaciones y crímenes industriales que cometen empresas como Grupo México contra los trabajadores, y presumen de que hay cero huelgas y de que hay paz social, cuando en realidad permean los conflictos laborales, como el que hay en esta mina desde hace casi 10 años.

Dirigentes del Sindicato Nacional de Mineros señalaron ayer lo anterior en el acto de la sección 65 de ese gremio para conmemorar dicha fecha, que incluyó un foro de discusión en el que rememoraron los años de lucha por sus derechos laborales.

Los más de 800 trabajadores de Cananea que no han aceptado la liquidación ofrecida por Grupo México y continúan en resistencia, realizaron una marcha, un mitin y un foro de discusión en el que manifestaron que continuarán en lucha.

También ratificaron que se mantienen firmes en su lucha, iniciada hace 10 años ante la violación de derechos laborales, que los llevó a tomar el camino de la huelga, y exigen a los gobiernos federal y estatal una solución a su conflicto.

En tanto, representantes del comité ejecutivo nacional del sindicato llevaron un mensaje a los mineros, en el que señalan que la huelga de Cananea de 1906 fue la base del artículo 123 Constitucional, y tras una larga historia de luchas, a más de un siglo de distancia, no se ha hecho justicia a estos trabajadores.

Las políticas gubernamentales entreguistas al gran capital han favorecido a las empresas por encima de los trabajadores; la política de desigualdad so-cial, la negativa al derecho de huelga y la libertad sindical han sido los ejes de los gobiernos recientes, incluido el presente, sostuvo la organización.

Hizo ver que en Cananea, tres veces se declaró la inexistencia de la huelga, luego la empresa demandó la terminación de las relaciones de trabajo por causas de fuerza mayor y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje concedió la petición; sin embargo, a los pocos días de esta declaratoria, la empresa reabrió la mina con nuevo nombre, otro sindicato y diferen-tes trabajadores.

Ante ello, desde enero de 2012, el sindicato que preside Napoleón Gómez Urrutia recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y confía en que este organismo admitirá su denuncia de violaciones de los derechos humanos de los mineros mexicanos.