Desde el inicio de esta administración, los titulares de la Procuraduría General de la República (PGR) han considerado que es necesario hacer cambios a la figura del arraigo para que no sea la única medida que se utilice durante una investigación en curso, y se transforme en herramienta de excepción.

De acuerdo con información de la PGR, durante el gobierno de Felipe Calderón la mayor parte de quienes eran puestos a disposición o detenidos por lo que ahora se denomina Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) eran arraigados. En diciembre de 2006, de 89 detenidos, 42 fueron sujetos a dicha figura; en 2007 mil 50 personas fueron entregadas a la Seido y 703 fueron arraigadas; en 2008, de mil 399 capturados, mil 111 quedaron privados de su libertad legalmente por plazos que podían llegar hasta a 80 días.

En informes otorgados mediante solicitudes de información pública, la PGR refiere que en 2009 la Seido recibió a mil 662 detenidos, de los cuales mil 517 fueron arraigados; en 2010, de mil 814 presuntos delincuentes sujetos a investigación, mil 679 quedaron bajo esa figura; en 2011, de 2 mil 91 se privó de la libertad a mil 933.

En 2012 comenzó a cambiar la situación: de mil 385 capturados, se arraigó a 861; en 2013 fueron mil 445 y se sujetó a dicha figura a 534; en 2014, de mil 694 sólo se aplicó la medida cautelar en 264 casos; en 2015, de mil 598 detenidos se decretó arraigo de 83; en 2016 se sujetó a dicha figura a 25 de 816 detenidos, y entre enero y febrero de este año solamente a tres de 86

En ese contexto, en diciembre de 2012, durante una reunión con legisladores, el ex procurador Jesús Murillo Karam señaló: “el arraigo es una figura de la que se abusó (…) Pero eso no es lo más grave, de esta figura surgió un efecto perverso, porque la PGR se confió y hubo casos en los que nadie hizo nada”.

Por ello, apremió al Congreso a que dotara a la procuraduría de los instrumentos de investigación necesarios para desechar su uso y el de otras medidas cautelares, pero no se han hecho cambios a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Asimismo, su homóloga Arely Gómez González dijo: el arraigo es una medida cautelar que en últimas fechas ha sido sumamente cuestionada, tanto a escala nacional como internacional, debido a que se afirma que su aplicación sistemática contribuye a lesionar derechos fundamentales de los detenidos.

Explicó que durante su gestión el arraigo se redujo considerablemente debido a que se instauró como política institucional, para usarlo solamente en casos estrictamente necesarios.