La reubicación de 80 jornaleros agrícolas que habían sido reportados como desaparecidos en el estado de Chihuahua es una práctica común y forma parte de las condiciones generalizadas de esclavitud en la que se mantiene a miles de trabajadores del campo, las cuales han sido toleradas por el gobierno mexicano, señalaron especialistas en el tema.

Margarita Nemecio, coordinadora de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, subrayó que este caso de explotación –denunciado por una víctima que logró escapar del rancho donde lo mantenían retenido contra su voluntad– es sólo un ejemplo de los muchos que ocurren en casi todo el país.

Es un tema que sigue estando presente y las autoridades lo saben. Es un trabajo completamente informal, les hacen descuentos a sus salarios por comida y hospedaje, aunque los tengan viviendo en condiciones horribles. Son zonas de esclavitud, sin supervisión del gobierno y sin un contrato formal de empleo, detalló la investigadora.

Las razones de que este fenómeno continúe ocurriendo son múltiples, entre ellas la reducción del presupuesto oficial para atender a jornaleros agrícolas y verificar sus condiciones de trabajo, pero también los sobornos entregados a los inspectores para que no revisen a profundidad cómo tratan los ranchos a sus trabajadores.

Casos como el de Chihuahua evidencian que es un problema real, aunque digan que lo están combatiendo. Es una situación generalizada que se ha documentado en al menos 20 estados de la República y que afecta a unos 9 millones de jornaleros o más, alertó Nemecio.

Mayela Blanco, investigadora del Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública, subrayó por su parte que casos como el de los jornaleros reubicados por su empleador son cotidianos, e indicó que la retención forzosa de trabajadores agrícolas con fines de explotación laboral llega a ocurrir incluso utilizando instalaciones del gobierno.

Implican a Sedesol

De acuerdo con la especialista, en varios estados hay grupos de reclutadores que llevan a familias completas –sobre todo de indígenas pobres– a albergues de la Secretaría de Desarrollo Social, donde los mantienen retenidos hasta que les encuentran un empleador, al cual le cobran un porcentaje por la labor de conseguirle personal.

Para Blanco, se trata en su mayoría de redes de trata con fines de explotación laboral que alimentan esquemas de trabajo esclavo, como el que se descubrió a finales de 2016 en el rancho Nidia Edith, de Coahuila, donde fueron rescatados 80 jornaleros que laboraban en condiciones infrahumanas en el cultivo de jitomate.