La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) está facultada para calificar la existencia de violaciones graves a las garantías fundamentales en materia de transparencia es muy importante, porque ello obligará a la comisión a elevar el perfil jurídico y político de asuntos como la matanza de 72 migrantes ocurrida en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010.

Sergio Méndez, abogado integrante de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, agrupación que representa a familiares de las víctimas de San Fernando, sostuvo en entrevista que la CNDH, al tener la facultad de establecer cuándo una investigación está relacionada con violaciones graves a los derechos humanos, puede abrir la puerta para que la indagatoria sea pública.

Lo anterior porque la Ley de Transparencia fija la posibilidad de que las averiguaciones previas sobre delitos de lesa humanidad sean conocidas por la sociedad.

Agregó Silva que la reciente decisión de la segunda sala del máximo tribunal es trascendente, no sólo en el marco del acceso a la información y transparencia, sino porque la CNDH se ha negado a clasificar las matanzas como violaciones graves, ignorando parámetros jurídicos de la Suprema Corte y de organizaciones internacionales que señalan como delitos graves los actos de tortura, violencia sexual contra mujeres, masacres, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, entre otros.

La segunda sala de la SCJN resolvió el miércoles pasado que por sus características, funciones y objetivos, la CNDH está en condiciones de definir si procede la reserva de información relacionada con delitos de lesa humanidad y, por tanto, si dicha indagatoria debe ser pública.

Inicialmente la fundación presentó un recurso contra la recomendación que emitió la CNDH –entonces encabezada por Raúl Plascencia Villanueva–, la cual confirmó la clasificación de información reservada establecida por la PGR. Después de interponer un amparo, los ministros le ordenaron a la comisión que determine si la matanza de San Fernando fue o no delito de lesa humanidad.