La corrupción reduce y limita los recursos públicos disponibles, de por sí limitados, para atender las necesidades de la población, con lo cual se produce una afectación generalizada a los derechos humanos de las personas, aseguró ayer el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

Durante la inauguración del foro Corrupción y su implicación sobre el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos en México, el ombudsman advirtió que los problemas de este flagelo no son nuevos, pero hoy existe una percepción de que se han agravado en años recientes.

En el foro, el titular de la CNDH entregó a representantes de la sociedad civil el estudio Los derechos humanos y la corrupción en México, elaborado en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el cual se muestra, con el cruce de información y de manera empírica, que existe una correlación directa entre los niveles de corrupción y violaciones a los derechos de acceso a la salud, educación, alimentación, vivienda, servicios básicos, seguridad y bienestar social.

Ante la titular de la Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez, funcionarios de diversas dependencias y representantes de organizaciones sociales, González Pérez señaló que, de acuerdo con varias instituciones, la corrupción habría significado en 2015 la pérdida de empleos y de recursos públicos equivalentes a 9 por ciento del producto interno bruto (PIB), siendo éste uno de los factores que mayor incidencia negativa habrían tenido en el desarrollo del país, así como en la calidad y el nivel de vida de los mexicanos.

Destacó que los más afectados por prácticas corruptas, son y seguirán siendo, hasta que esto cambie, las personas marginadas, las más pobres, las que tienen mayor dependencia de los bienes y programas públicos.

Advirtió que estos problemas no se podrán resolver si no se conocen y entienden, por lo cual pidió que se reconozca y se haga visible el vínculo que existe entre corrupción y derechos humanos.

El estudio de 215 páginas generó una base de datos y pruebas estadísticas con varios indicadores de corrupción y violaciones de derechos humanos, tanto de instituciones públicas como privadas.

Con el cruce de información, el estudio presenta, con información empírica, que sí existe correlación entre corrupción objetiva y violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, se encontró que los homicidios tienen correlación con todos los indicadores de corrupción. Las quejas por detención arbitraria se correlacionan con los cinco indicadores de corrupción objetiva. A más corrupción, más quejas por detenciones arbitrarias. A mayor corrupción medida con los indicadores de la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, hay más recomendaciones de la CNDH, menos acceso a la educación, más rezago educativo y mayor mortalidad infantil, señala el estudio.

Daniel Vázquez Valencia, coordinador del estudio e integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que antes se presumía que la corrupción y la impunidad generaban violaciones a los derechos humanos, pero hoy ya tenemos certeza empírica, las pruebas de que así es, y que el mayor impacto, los más graves, son en temas de salud, dijo.

En la primera de dos mesas del foro, Vázquez Valencia señaló que el estudio incluye la lista de entidades con mayores niveles de corrupción, entre las que destacan estado de México, Ciudad de México, Morelos, Veracruz, Tabasco y Tamaulipas.