El huachicol es el nuevo oro negro del diablo, advirtió el semanario católico Desde la Fe, el cual añadió que la extracción de combustible amenaza la seguridad de México y revela lo que no parece dar tregua: corrupción e impunidad.

Un problema que empobrece y descompone aún más nuestra realidad y tejido social. Algunos podrán tener enormes beneficios financieros, pero los efectos son perversos y destructores.

En su editorial Huachicol, oro negro del diablo, la Arquuidiócesis Primada de México expresó que esta cadena de producción y comercialización ilegal tiene un mercado específico dispuesto a comprar combustible debajo de su precio real.

Directivos de Petróleos Mexicanos, expone el semanario, han manifestado la existencia de empleados que estarían implicados en el proceso de extracción ilícita de combustibles. “Las pérdidas reportadas (por la paraestatal) durante los primeros años de la presente administración ascenderían a más de 97 mil millones de pesos, y éste es un hueco que será difícil reponer en el futuro, mientras crezca esta actividad ilícita como rama del crimen organizado, de los diversos cárteles de la droga y de nuevos grupos criminales independientes, que han encontrado una fuente de riqueza que parece imparable y de difícil solución.

“Los delincuentes, en la impunidad, utilizan la pobreza y la necesidad de las poblaciones marginadas y olvidadas que han abandonado sus actividades tradicionales y de cultivo por un negocio más lucrativo, para sostener su economía y a su familia.

Ellos sirven de carne de cañón; niños y adolescentes, mujeres y ancianos, arrojados para enfrentar a las fuerzas del orden sin importar las consecuencias que ponen en riesgo su integridad personal. Ellos son parte de esta mercancía de muerte, sólo víctimas colaterales.

Indicó que el robo de combustible, gasolina y diésel con la perforación de poliductos es un delito lucrativo del mercado negro y boyante que creció en 5 años más de 400 por ciento y ahora es uno de los principales desafíos al poder del Estado y al sistema judicial, como actividad ilícita financiera.