A una semana de los comicios, las campañas electorales en el estado de México se convirtieron en un fuego cruzado entre las principales fuerzas bajo una eje central: la corrupción. Si las propuestas de candidatos no lograron la penetración necesaria, las imputaciones de corruptelas –falsas o verdaderas– se convirtieron en parte medular de la contienda para sembrar la duda en el adversario y abarcaron a los candidatos punteros en una cerrada disputa por la gubernatura.

Ninguno de los tres principales aspirantes en la contienda salió ileso de imputaciones a sus personas, sus parientes o correligionarios, asociándolos directa o indirectamente a un fenómeno convertido en la actualidad en una de las principales preocupaciones sociales y en una práctica abiertamente censurada por la sociedad.

Las denuncias, mediáticas o formales, se transformaron en bandera de campaña, no para ganar adeptos, sino arrebatárselos a los adversarios y derivaron en imputaciones contra Josefina Vázquez Mota (PAN), la aspirante de Morena, Delfina Gómez, y el candidato del Partido Revolucionario Institucional, Alfredo del Mazo.

Aun antes de iniciar la campaña formal, Vázquez Mota resentía la primera embestida a partir de una investigación del organismo Mexicanos contra la Corrupción. La razón: presuntos malos manejos de mil 36 millones de pesos que el Ejecutivo federal trasladó a su fundación de apoyo a migrantes, denominada Juntos Podemos, operados de forma ‘‘poco transparente’’.

Luego de las indagatorias a la organización, Morena formalizaría una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) por malversación de recursos públicos por parte de Vázquez Mota, que entonces aparecía bien colocada en las encuestas.

A finales de marzo se filtraría la información de una denuncia de la Secretaría de Hacienda contra el padre y los hermanos de la candidata por la que eran investigados por la PGR por presunto lavado de dinero. La cifra ascendía a más de 400 millones de pesos.

Al paso de la contienda, las imputaciones se enfilarían a la abanderada de Morena, Delfina Gómez, a quien los sondeos comenzaban a perfilar entre los tres punteros. Apenas arrancando la campaña formal, la candidata independiente Teresa Castell presentó una denuncia ante la procuraduría local para investigar la legalidad del finiquito de 400 mil pesos de la ex presidenta municipal de Texcoco. Sería la primera de varias.

En el primer debate, Vázquez Mota devolvería el golpe inicial de Morena y acusaría a la ex munícipe de haber ‘‘descontado ilegalmente’’ 10 por ciento del salario a los trabajadores del ayuntamiento texcocano para transferirlo a su grupo político. La acusación se convertiría en denuncia penal promovida por el PAN.

Días después, Acción Nacional presentaba otra denuncia penal por presunto desvío de 36 millones de pesos contra Gómez, por otra presunta transferencia de recursos públicos hacia el grupo político de Morena que lidera Higinio Martínez. Días después, el PRI se sumaría a las descalificaciones a Delfina Gómez, acusándola de ‘‘malos manejos financieros’’ de su campaña, que habrían hecho que rebasara el tope de gastos.

Si bien hasta ahora el candidato del Partido Revolucionario Institucional, Alfredo del Mazo, no ha sido denunciado penalmente por alguna presunta ilegalidad imputada a su persona, es a quien más se ha asociado a la corrupción de manera indirecta.

La principal denuncia se presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE), en la que se acusaba al tricolor de un presunto financiamiento ilegal de la campaña, no sólo de Del Mazo, sino de los ex gobernadores mexiquenses Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila por un monto que, según la organización Ahora, ascendería a 4 mil millones de pesos en poco mas de una década, a partir de un complejo entramado político-financiero que involucraría a la empresa española OHL, acusada en España de sobornos y actos de corrupción.

Otro frente abierto contra Del Mazo ha sido la situación que guardan ex gobernadores de varios estados, correligionarios suyos, todos ellos imputados por corrupción, entre ellos Javier Duarte, de Veracruz, preso en Guatemala a la espera de extradición, y Cesar Duarte, de Chihuahua, prófugo por denuncias millonarias, amén de otros ex mandatarios priístas.