a decisión del presidente municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, de rentar los camiones que recolectarán la basura del municipio los próximos tres años en lugar de adquirir un lote de vehículos y mejorar así un servicio público que tiene sus complejidades en una ciudad asentada sobre un lomerío, amenaza con ser el fantasma que lo perseguirá toda su administración si no aclara las bondades de haber firmado un contrato con Turbofin SAPI de CV, empresa de Jaime Rogozinsky.

El alcalde dio a dicha empresa un anticipo de 20 millones de pesos, con los cuales la arrendadora compró los primeros siete camiones que recibió la administración panista. En agosto la empresa entregará el resto de los vehículos para sumar 52 unidades.

Los argumentos de Gastélum son que resulta más barato rentar los camiones que comprarlos porque el arrendatario se comprometió a mantenerlos en perfecto estado, sin costo extra para el municipio, y que es más rápido rentar que comprar porque la segunda alternativa implica una licitación, y el problema es apremiante, pues la mayoría de los camiones disponibles son inservibles.

El Partido Encuentro Social (PES), que en Baja California dista mucho de lo que muestra en el resto del país, presentó ya una denuncia por responsabilidad administrativa contra el edil y otros funcionarios. La investigación estaría a cargo de la síndica Marcela Guzmán, quien ya dijo en la pasada sesión de cabildo que a ella nadie le truena los dedos, en repuesta a las demandas de los regidores de oposición para que investigue las denuncias de presunta corrupción. Es cierto que chasquear los dedos nada resuelve. Lo único que funcionará, si el alcalde quiere que la mencionada renta no se convierta para él en lo que fueron las luminarias para Carlos Bustamante o el Sistema Integral de de Transporte de Tijuana para Jorge Astiazarán (sus predecesores en el cargo) es demostrar las ventajas de ese contrato para las finanzas públicas. Nada más y nada menos.