n el lapso de apenas unos pocos y apresurados días, de un torbellino de actividades impulsadas por la intensa participación de grupos de estudiantes y profesores, así como reuniones con las autoridades de atención a víctimas de la Procuraduría General de Justicia, finalmente para el miércoles pasado ya había avances (que no podían difundirse públicamente): se había localizado dónde estaba Belén, la estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) desaparecida, con quién y en qué situación y, un día después, ella fue presentada sana y salva en la madrugada por la policía de investigación, en el Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes (Capea). Puede ahora, si quiere, como adulta en libertad que es, continuar sus estudios en la UACM, y, también si quiere, ojalá sin presiones ni situaciones que se lo impidan, tener más control sobre su vida. Que esto ocurra, que está viva y bien en un país con decenas de miles de desaparecidas, asesinadas o sujetas a situaciones intolerables de coacción y abuso, es simplemente maravilloso. Pero el que sea sólo un caso exitoso pone en perspectiva la terrible situación que hoy vivimos y plantea como urgente e indispensable la necesidad de que las universidades también se involucren en esta temática.

Comienza ahora otra etapa en la vida de Belén, con una identidad personal fortalecida por el hecho de que su suerte le importa a muchos y que esos muchos se han sentido profundamente preocupados por su ausencia y fueron capaces de movilizarse y no cejar hasta encontrarla. Ojalá pueda aprovechar esta enorme oportunidad, a pesar de que, paradójicamente –pues lo importante era encontrarla sana y salva–, ahora algunos le recriminan no haberse comunicado oportunamente.

Más allá, la búsqueda de Belén delineó con fuerza el papel que pueden jugar las autonomías en la defensa y promoción del derecho de las mujeres a vivir, estudiar y trabajar en ambientes de tolerancia y respeto. Si la autonomía no es una entelequia, con la participación democrática los jóvenes estudiantes en pie de igualdad con maestros y trabajadores administrativos pueden saber lo que les ocurre a las mujeres, no mediante un volante o un sesudo artículo, sino algo más integral, a través de una práctica de búsqueda de la justicia en favor de ellas, y lo más importante, definir qué en concreto puede hacer una comunidad para alcanzar ese objetivo.

Es cierto que una comunidad que se organiza para proteger a sus integrantes difícilmente puede tener el grado de profesionalismo, experiencia y los recursos de un equipo de investigación policiaco profesional, pero tiene otras capacidades que en balance son mucho más importantes. La pérdida de un ser humano, sean 43 normalistas, una mujer estudiante asesinada o desaparecida, deja una estela de dolor y un vacío que no resuelve la información de que se están haciendo las averiguaciones correspondientes. La sensación de pérdida genera un compromiso y dedicación, que puede llegar a tener un peso específico muy importante, especialmente dentro del tejido permeable y muy flexible que es el de las comunidades universitarias. Y esto resulta significativo luego para la búsqueda. Aunque ahora hemos conocido ejemplos de profesionalismo y compromiso entre los encargados de buscar a Belén, ellos mismos reconocen que carecen de la capacidad que tiene una movilización universitaria, por ejemplo, para cubrir un amplio territorio, y, añadiríamos, para actuar con una legitimidad que no tiene generalmente la policía; para recuperar informaciones –dentro de la propia comunidad– que puede ser vital para la investigación y para generar iniciativas creativas (como la de las brigadas de búsqueda, el repartir información en taxis) que el burocratismo difícilmente puede concebir. Y por momentos, se pueden coordinar. En el curso de una reunión con altas autoridades de investigación, donde éstas inicialmente planteaban a los estudiantes y maestros presentes que ellos sólo debían coadyuvar con las autoridades, en el curso del intercambio ambas partes finalmente reconocimos la necesidad de establecer más bien lo que se llamó mutua coadyuvancia.

En el caso de Belén, además, la profusa difusión, las brigadas, la presencia de estudiantes y maestras recorriendo colonias y calles, hicieron que surgieran reacciones que pusieron en evidencia cuáles eran los puntos geográficos sensibles y eso permitió avances. Esto no deja de ser peligroso para los propios estudiantes y maestras, por lo que se necesita discutir en las reuniones y asambleas la utilización de reglas mínimas (y máximas) de cautela. Pero esa difusión y presencia jugaron un papel fundamental en la localización.

Finalmente, una comunidad estudiantil, académica y de administrativos, técnicos y manuales que logra una dinámica de creciente participación tiene un peso específico muy importante en la diligencia con la cual se llevan a cabo las investigaciones y acciones. Sobre todo si esto comienza a tener –como fue el caso de Belén– una importante repercusión en los medios. No sólo la lucha por acabar con la violencia contra las mujeres, también la que busca cambiar al país requiere urgentemente de la autonomía viva y de la coordinación entre las universidades. Juntas tienen mucho que aportar.

PS: ¿Cómo podría La Jornada seguir generando noticias y análisis sobre la vida y seguridad de más de cien millones de mexicanos si se le excluye de la información de la Sedena?

*Rector de la UACM