uego de 35 años de gobiernos caracterizados, uno tras otro, por engaños, falsas promesas y crecimiento del crimen y la inseguridad; de 35 años de privatizaciones, no sólo del patrimonio nacional, sino de nuestros mercados internos, dizque como único camino para el progreso; de 35 años de crisis continuas, fueran éstas porque bajaran o porque subieran los precios del petróleo; de 35 años de crecimiento del desempleo, de la economía informal y del empobrecimiento de la población; de muchos años de guerra contra el narcotráfico, que han generado cientos de miles de muertos sin que el narcotráfico desaparezca, y de años del Ejército patrullando carreteras, ciudades y ahora hasta tuberías, en virtud de que el gobierno es incapaz de controlar la delincuencia, el señor Enrique Ochoa Reza, quien se ostenta como presidente del Partido Revolucionario Institucional, designado arbitrariamente por el Señor Presidente, nos viene a decir que es deber ciudadano detener la caverna o carrera del populismo autoritario, en clara referencia a un líder y a un partido diferente al suyo; sin embargo, no se avergüenza de usar, como estrategia política para obtener el voto de las clases populares, promesas, regalos, amenazas y la compra de votos que mancillan la dignidad ciudadana, pensando seguramente que eso no es populismo.

Es desde luego probable que ese personaje carezca de criterio para entender el significado de sus frases, pues cuando habla de un posible gobierno autoritario pareciera referirse al presidido por su propio jefe, quien, entre otras cosas, fue capaz de imponer las llamadas reformas estructurales de manera ajena a la democracia, sin consultar a la nación; imponiendo también en forma violenta y grotesca una mal llamada reforma educativa de carácter fascista orientada a la sumisión acrítica de los maestros y a restringir los derechos a la educación, consumando actos contrarios al espíritu mismo de la Constitución; sus decires reflejan el pensamiento de un grupo reducido, pero ciertamente poderoso, interesado en conservar el estado actual de las cosas, es decir, la conservación de toda la serie de privilegios e impunidad ante sus actos de corrupción, de entrega de los recursos públicos al sector privado nacional e internacional y a grupos delictivos, amparado todo ello en el usufructo indebido del poder.

En este contexto, los asesinatos cometidos contra los corresponsales de La Jornada Javier Valdez y Miroslava Breach, como parte de 40 crímenes contra la vida de periodistas a lo largo del actual sexenio, nos indican la gravedad de la violencia que estamos viviendo, originada en la incapacidad y falta de voluntad de quienes tienen el poder, para ir más allá de los discursos, tal como los propios reporteros reclamaron al Presidente en una reunión por él convocada, en torno al tema y ante la presencia de autoridades estatales y representantes diplomáticos. Las protestas y declaraciones internacionales no se hicieron esperar: La violencia contra los periodistas mexicanos fue motivo de artículos en los principales diarios de Estados Unidos y Europa, mientras el Consejo de Naciones Unidas y organizaciones internacionales de derechos humanos calificaban a México como uno de los países más violentos del planeta y el más peligroso para ejercer las actividades de periodismo y de defensa de derechos humanos. La respuesta visible del gobierno ha sido la misma que en el caso de Ayotzinapa: administrar la crisis con el apoyo de los medios de comunicación que todavía controla y distribuir cápsulas en torno al supuesto avance económico del país, lo que nos lleva a recordar la novela 1984, de George Orwell. Quien controla el presente, controla también el pasado, en su objetivo de controlar el futuro.

La crisis que actualmente vivimos, en el que diversos gobernadores han sido capaces de desviar recursos por miles de millones de pesos con el apoyo de decenas de cómplices sin que el gobierno de la República se hubiese dado por enterado; en el que cientos de bandas de huachicoleros, que en conjunto roban millones de litros de combustible y los distribuyen en gasolineras a lo largo y ancho del país, sin que ese mismo gobierno les haya puesto un alto; en el que los sistemas de justicia operan siempre en favor de los poderosos y nunca de aquellos a quien les asiste la razón, cuando se trata de trabajadores, de jubilados, de campesinos, de maestros o de pequeños empresarios esquilmados por funcionarios corruptos, sin que tampoco se haya percatado del problema, nos lleva a afirmar que se trata de un gobierno irresponsable e incapaz de resolver los graves problemas nacionales, en virtud de su muy probable participación de esos hechos.

En un país democrático, donde las leyes se respetan, los resultados de las solas investigaciones de Carmen Aristegui en torno a la casa blanca adquirida por Enrique Peña Nieto y su esposa, como una dádiva de su contratista favorito, al cual le había sido asignado un contrato de mil millones para construir el hangar presidencial, además de toda una serie de contratos previos desde que gobernaba el estado de México, hacía necesaria su renuncia inmediata e irrevocable, por la sola razón de que a partir de ese hecho sus siguientes actuaciones y declaraciones dejarían la incertidumbre sobre los verdaderos propósitos de sus acciones, restándole fuerza y legitimidad para gobernar. El efecto de todo esto es la crisis que hoy vive el país, que parece estar fuera de control, haciéndonos recordar los tiempos del lejano oeste, donde las cosas se resolvían a balazos.

En este contexto, las elecciones que habrán de realizarse, sobre todo la del estado de México, por ser la entidad más poblada de la República y conformar el coto de poder del Presidente y su equipo, tienen importancia especial. Perder la hegemonía y el poder en ese estado habrá de constituir un posible punto de quiebre que indique la inminencia de su derrota nacional ante Andrés Manuel Lopez Obrador; ello explica el surgimiento de un proceso, definido como una elección de Estado para imponer a un primo del Presidente, conocido de tiempo atrás por su ineptitud como gobernante en Huixquilucan, utilizando además de las conocidas maniobras de compra de votos, el financiamiento de candidatos orientados a dividir la oposición y a la denostación de Morena y su líder sin ningún fundamento, así como a realizar maniobras de acarreo e intimidación con recursos públicos. Sólo queda esperar los resultados.

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