En la actualidad, la desaparición forzada de personas en México, como en muchos países del mundo, ‘‘es una política sistemática y un crimen de Estado’’, aseguraron integrantes del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos.

En conferencia de prensa frente a la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), señalaron que a 10 años de la detención y desaparición de los activistas Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, las autoridades no han castigado a los responsables.

‘‘Siguen en la impunidad y tienen nombre y apellido: Felipe Calderón, quien en su momento era presidente; Ulises Ruiz, gobernador de Oaxaca, así como una larga lista de responsables que estuvieron a cargo de los cuerpos policiacos y militares en 2007, a los cuales se han sumado muchos más en estos años por su omisión al no investigar y castigar a los responsables intelectuales y materiales de este crimen.

‘‘Hoy, a la fiscalía de personas desaparecidas le corresponde llevar a cabo las acciones necesarias para encontrar y localizar a nuestros familiares, porque desde hace tres años existe una resolución judicial histórica que exigimos asuma para que sea acatada.’’

Acompañados por organizaciones como el Comité Cerezo, las activistas Nadín Reyes y Margarita Cruz Sánchez, del Comité Hasta Encontrarlos, indicaron que durante esta década han evidenciado y documentado la participación de agentes del Estado en la desaparición forzada de Alberto y Edmundo. ‘‘Existen diversos recursos jurídicos que así lo constatan y por ello demandamos a esta fiscalía cumpla con realizar la búsqueda de nuestros familiares en los cuarteles militares’’.

Por su parte, el antropólogo Gilberto López y Rivas expresó que de 2007 a la fecha México se ha hundido en una ‘‘guerra y un conflicto armado interno que se ha considerado mundialmente como el país más letal después de Siria, por número de ejecuciones extrajudiciales y más de 200 mil desapariciones forzadas’’.