Académicos y organizaciones de derechos humanos reprobaron el bloqueo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a la actividad periodística del reportero de La Jornada Jesús Aranda. Es un atropello a los derechos a la información y libre expresión, señalaron.

Alejandro Byrd y Óscar Casillas, profesores de comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en materias como ética y libertad de expresión, subrayaron que esa actitud ‘‘contraviene’’ lo dicho la semana pasada por el comandante supremo de las fuerzas armadas, Enrique Peña Nieto, quien tras el asesinato del corresponsal de La Jornada en Sinaloa, Javier Valdez, se comprometió a garantizar la labor de los periodistas y la libertad de expresión.

Michael Chamberlain, del Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, ex integrante del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, dijo que haberle negado al reportero el acceso a un acto oficial es ‘‘un mal signo, que al mismo tiempo reitera cómo las instituciones, particularmente la Sedena, han despreciado el Estado democrático y el estado de derecho. No es la primera vez, pero este signo agrava más, porque el agravio a periodistas es también un agravio a la sociedad en su conjunto’’, dijo.

El bloqueo a la actividad de los comunicadores ‘‘debería eliminarse y evidentemente la Sedena tendría que rectificar y solicitar una disculpa a La Jornada, porque la dependencia está obligada a esa transparencia’’, subrayó.

En tanto, Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, aseguró que esta acción de la Secretaría de la Defensa es ‘‘sumamente grave’’ porque no sólo obstaculiza la labor de un reportero de un medio de comunicación, sino atenta contra la libertad de expresión donde la sociedad en su conjunto es agraviada. Además, dijo, todas las instituciones públicas están obligadas por diversas leyes y la Constitución a la transparencia y a un máximo de publicidad.

Ambos defensores de derechos humanos coincidieron en señalar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe actuar con celeridad ante la queja que el diario ya presentó ante ese organismo, pero no sólo desde la perspectiva de los derechos del periodista al que la Sedena le impidió cubrir un acto público, sino enfocado esencialmente a la afectación de la libertad de expresión.

Óscar Casillas, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, indicó que las instituciones públicas y las empresas informativas deben regirse bajo un principio: ‘‘la información no es patrimonio de ninguna dependencia ni de los medios de comunicación, sino es un bien al que debe tener acceso la sociedad a través de todos los canales posibles y uno de ellos es la labor de los reporteros. El objetivo es que la información llegue a los ciudadanos’’.

Aseveró que las instituciones públicas no pueden vetar a nadie, y si bien pueden establecer reglas para la cobertura de sus actividades oficiales, éstas no deben ser arbitrarias, sino racionales y fundadas en las leyes.

Alejandro Byrd, de la FES Acatlán, indicó que ‘‘el atropello’’ contra Aranda se suma a los que se vienen dando ‘‘de forma orquestada en la violencia física y material contra periodistas.