La Comisión Permanente pidió a las juntas de Coordinación Política de ambas cámaras que analicen la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones en el que se discutan los temas pendientes del Congreso que urge aprobar, entre ellos el nombramiento del fiscal y los 18 magistrados responsables del combate a la corrupción.

Manuel Bartlett, coordinador del PT-Morena, advirtió que el interés real del PRI es que en ese periodo, que se llevaría a cabo luego de los procesos electorales del 4 de junio, es que se apruebe la Ley de Seguridad Interior, que legaliza la participación del Ejército en el combate al narcotráfico.

Igualmente, Miguel Barbosa, senador de esa misma bancada, consideró que un eventual periodo extraordinario está sujeto a los cálculos político electorales del PRI, pero también del PAN, lo que cada vez más se va a ir evidenciando.

Si el PRI pierde la elección en el estado de México será difícil que haya un periodo extraordinario para nombrar al fiscal anticorrupción o aprobar la ley que creará a nueva Fiscalía General de la República, que habrá de sustituir a la PGR.

Tanto el gobierno como el PRI insisten en que se apruebe la Ley de Seguridad Interior para enfrentar el escándalo provocado por la difusión de un video en el que un militar ejecuta a un delincuente durante el enfrentamiento con huachicoleros en la comunidad de Palmarito, en Puebla. Sin embargo, no hay condiciones para aprobar esa reforma, que sólo conducirá a militarizar al país, señaló Barbosa.

Pablo Escudero, presidente del Senado, insistió en que hay voluntad política para llevar a cabo el periodo extraordinario luego de las elecciones en el estado de México, Nayarit y Coahuila, y agregó que uno de los temas debe ser el nuevo marco jurídico que precise la temporalidad y las condiciones en que los militares participen para frenar a la delincuencia organizada.

El senador agregó que en ese periodo también se puede incluir la legislación para sancionar el robo de combustible, la obligada elección del fiscal anticorrupción y la ratificación de los 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa propuestos por el presidente Enrique Peña Nieto.

Lo que no tiene caso incluir, aseguró, son las iniciativas para establecer la segunda vuelta en la elección presidencial, toda vez que el plazo ya venció y no tendrían vigencia en los comicios de 2018.