En los pasados dos años, los gobiernos de México y Estados Unidos han detenido y deportado a Centroamérica a casi 140 mil niños y adolescentes no acompañados en contexto de migración, cifra que revela la enorme tragedia que viven miles de familias cuyos integrantes huyen de la pobreza y violencia en sus países de origen.

De los detenidos en México, más de 90 por ciento son originarios de El Salvador, Honduras y Guatemala, naciones que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica, que en la década reciente han aumentado significativamente la expulsión de sus ciudadanos.

En el segundo y último día de la segunda Cumbre iberoamericana migración y derechos humanos: una nueva mirada, organizada por la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), analizaron las acciones urgentes que deben implementarse de manera regional y local para la protección de este sector de la población, el más vulnerable de todos.

Se expresó que aun cuando pareciera alto el número de 140 mil niños y adolescentes deportados, estos son sólo los datos de las autoridades migratorias de ambos países, asumiendo que no detienen a todas las personas que ingresan irregularmente a sus territorios, por lo que la cifra real de niños y adolescentes no acompañados que emprenden el viaje para realizar un cruce sin documentos por la frontera norte es mucho mayor, con todos los riesgos que ello implica, lo cual constituye una alerta para las autoridades, que deben movilizar recursos para atender esta problemática.

De acuerdo con cifras oficiales, en 2015 y 2016 fueron detenidos y deportados desde Estados Unidos y México 139 mil 386 niños y adolescentes centroamericanos, de los cuales 39 mil 724 fueron expulsados desde territorio nacional.

Como parte de esta cumbre, los integrantes de la FIO suscribieron la Declaración de la Ciudad de México, que contiene 17 propuestas dirigidas a todos los Estados que se confrontan con fenómenos migratorios, sean países de origen, tránsito o destino final, para que asuman integralmente sus corresponsabilidades en los procesos migratorios y generen las condiciones para la realización del flujo de personas en condiciones de seguridad y dignidad.

En ella, defensores del pueblo, procuradores, comisionados y presidentes de comisiones públicas de derechos humanos exigen el desarrollo de políticas de protección, apoyo y asistencia en los fenómenos migratorios, en cumplimiento de los compromisos asumidos en el ámbito de la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas y del entendimiento común universal del enfoque de seguridad humana aprobado por el organismo internacional.

Los defensores públicos de derechos humanos insistieron en que el cierre de fronteras, la construcción de muros y los obstáculos policiales a la circulación de indocumentados no detiene su intención de cruzar las fronteras, en tanto que los países de destino masivo no hacen esfuerzos significativos para informar a sus ciudadanos de las ventajas de los procesos migratorios, lo que da lugar a que surjan fenómenos xenófobos, sedimentación de preconceptos contra otras culturas y poblaciones de orígenes distintos.