Autoridades federal y locales de procuración de justicia han cometido graves deficiencias y omisiones en las investigaciones de periodistas asesinados, según se desprende de los expedientes que posee la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de ocho comunicadores ultimados entre agosto de 2013 y enero de 2016.

Entre las irregularidades están la apertura tardía –de hasta cinco meses– de la carpeta de investigación de uno de los homicidios; retraso en la realización de las diligencias; omisiones en la elaboración de retratos hablados de presuntos responsables.

También, no investigación de números telefónicos ‘‘claves’’; no recuperación de videos de vigilancia operados por la policía, e incluso negativa de la Fiscalía Especial de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), de la Procuraduría General de la República (PGR), para atraer los casos. Hay expedientes donde la fiscalía ha cuestionado la labor del periodista ultimado.

Además, en ese mismo lapso la CNDH tiene otros 12 expedientes por ‘‘agresiones físicas’’ en contra de periodistas y fotógrafos al momento de cubrir actividades, y cuyo material fue destruido. En todos, las agresiones fueron cometidas por elementos de la PGR, Policía Federal, elementos de corporaciones municipales e incluso de la Secretaría de Marina, con el argumento de ‘‘salvaguardar el orden y la seguridad de las personas’’.

En varios casos, los elementos de seguridad robaron equipo de fotografía y video. En ninguno se ejerció acción penal, y en el mejor de los casos –no en todos– se abrió una carpeta de investigación que todavía sigue en ‘‘integración’’, sin que hasta el momento exista una consecuencia para los agresores, que van desde guardaespaldas de funcionarios públicos hasta elementos militares.

En el caso del periodista Jorge Torres Palacios, privado de la libertad el 29 de mayo de 2014 por un grupo armado, y encontrado sin vida el 2 de junio en la periferia de Acapulco, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero remitió el caso a la PGR por incompetencia, pero el Ministerio Público Federal inició la indagatoria casi cinco meses después de esa remisión, según se desprende del expediente recopilado por la CNDH.

Del periodista Moisés Sánchez, director del semanario La Unión, editado en Medellín de Bravo, Veracruz, fue levantado por un grupo armado que se introdujo a su domicilio llevándose con él todos los archivos de sus trabajos periodísticos, en hechos ocurridos el 2 de enero de 2015; su cuerpo apareció sin vida varios días después.

En este caso hubo inactividad de autoridades locales y estatales, las cuales estaban al tanto de las amenazas recibidas por el periodista, pero se sumaron omisiones como falta de diligencias oportunas para la localización de la víctima, falta en la petición de videos de vigilancia, cateos de domicilios y de identificación de números telefónicos, que hubieran resultado claves para la localización y castigo de los responsables.

Fue en este caso que la Feadle negó a la CNDH la solicitud para atraer el caso, con el argumento de que no contaba con los elementos para ello, pese a que se actualizaban al menos seis de los nueve supuestos previstos en el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales. Meses después, un juez de amparo en materia penal ordenó a la PGR atraer el caso.

Desde 2000 a la fecha, la CNDH ha señalado que son 126 los asesinatos contra periodistas, 20 desapariciones desde 2005, y 51 atentados contra medios, de 2006 a la fecha.