Buenos Aires.

El asesinato de Elsa Marta Sosa de Fagetti (62 años ) testigo y querellante en el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en la ciudad de San Rafael, Mendoza, durante la pasada dictadura, quien fue hallada ahorcada este sábado con un cable en la casa donde vivía en la ciudad de Córdoba, alertó a los organismos humanitarios en momentos en que el grupo Unión de las Promociones, que reivindica a los dictadores, publicó una amenazante lista de 220 sobrevivientes y ex militantes que son testigos en las causas en que se juzgan esos delitos.

En la página web de este grupo figura la lista de lo que llaman terroristas subversivos de los años 70, donde aparecen quienes atestiguaron en causas por crímenes cometidos por la última dictadura (1976-1983), con una cantidad de detalles de su historia, como si fuera un prontuario policial.

Sosa de Fagetti, era esposa de Aldo Fagetti, militante de la Juventud Peronista y Montoneros, quien trabajaba como empleado de Rentas en San Rafael y fue secuestrado el 25 de febrero de 1976, y desaparecido.

El cuerpo de Sosa de Fagetti fue encontrado por su hija y su yerno en la casa donde vivía, en la capital cordobesa, con un golpe en la cabeza y ahorcada. Representantes de organismos de derechos humanos de San Rafael, llegaron a Córdoba este sábado y acompañarán a los hijos de la víctima, hasta aclarar esta grave situación cuando se han registrado amenazas en diversos lugares contra testigos de los juicios por lesa humanidad.

Por otra parte, la Unión de Promociones (UP) que asiste a los acusados y condenados por delitos de lesa humanidad tiene en sus listas a personas como la investigadora y escritora Pilar Calveiro, quien vive en México y es sobreviviente de la pasada dictadura militar y también a varios hijos de militantes desaparecidos como Eduardo Wado De Pedro o Juan Cabandié y a integrantes o ex integrantes de la agrupación Hijos, que no son personajes públicos y apenas habían nacido en los años 70, según publicó el diario Perfil y el portal El Destape.

De acuerdo a la UP, han decidido un muestreo de algunos terroristas subversivos de los años 70, devenidos en el tiempo como funcionarios nacionales, provinciales o municipales, trabajando en la actividad privada y/o aún presentándose como testigos/víctimas en sendas funciones circenses contra quienes integraron las fuerzas legales que los combatieron y a algunos periodistas ex militantes del peronismo, como Jorge Bernetti.

El listado completo está colgado en un sector de la web llamado La historia argentina silenciada, bajo el nombre La otra parte de la verdad.

Señalan además que la UP se gestó en 2005, integrada por militares retirados, egresados del Colegio Militar y su misión es asistir y entender a los camaradas detenidos-procesados y sus familias e incidir ante la opinión pública para el esclarecimiento de la verdad histórica, dice el diario Perfil. Uno de sus dirigentes es el teniente coronel Emilio Nani, quien recientemente intentó asilarse en la Nunciatura Apostólica y fue rechazado y luego se entregó en Mar del Plata en un juicio que lleva adelante el juez federal de esa ciudad Santiago Inchausti, quien ordenó su captura junto a otros tres militares, donde es investigado por delitos cometidos cuando estuvo en el grupo de Artillería de Defensa 601 de Mar del Plata.

Esta sociedad no se merece ni una gota de la sangre derramada por quienes cayeron combatiendo el terrorismo, no merecen una lágrima de los familiares de esos héroes, afirmó el militar retirado antes de entregarse en diálogo con Perfil, y sostuvo que nosotros no nos merecemos el 2x1 , merecemos la libertad, el 2x1 que se lo den a los narcotraficantes, nosotros somos soldados que combatimos por la patria, el alusión al beneficio del cómputo doble de los días de detención preventiva.

Milagro Sala, sobreseída en dos causas

En la provincia de Jujuy, donde el gobernador Gerardo Morales no ha cumplido con las demandas del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas, ni de fiscales de la justicia jujeña, que exigen la liberación inmediata de la dirigente social Milagro Sala, el juez Gastón Mercau sobreseyó este sábado a la dirigente por la ausencia de pruebas de cargo en dos causas en las que estaba acusada de inducción a cometer el delito de amenazas agravadas.

El fiscal interviniente -Darío Osinaga Gallacher- entendió que ni las denuncias oportunamente formuladas ni los testigos que aportaron los denunciantes tenían el peso específico propio para que se continuara con esta acusación, dijo este sábado a la agencia oficial Télam el abogado de Sala, Luis Paz. El juez resolvió favorecer a Sala con un sobreseimiento total y definitivo en esos dos expedientes, pero le siguen inventando causas.

Este es el escenario en que está trabajando en estos días la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que además realizará un seguimiento especial sobre el retroceso de la independencia del Poder Judicial y la defensa de los derechos humanos en la Argentina, como sostuvo su presidente, Francisco Eguiguren.

La Comisión se reunió en una audiencia con representantes de Justicia Legítima, quienes informaron detalladamente sobre la grave situación de la justicia en el país y también como impactó el hecho de que la Corte Suprema de Justicia Argentina consideró que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no pueden revertir sus fallos y dejó en el limbo el carácter vinculante de esas resoluciones. De hecho ya hay graves reclamos de Naciones Unidas sobre la temática humanitaria del gobierno de Mauricio Macri.