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La magistrada Graciela Santés dicta auto de libertad por falta de elementos en ese delito

Anula juez juicio contra Gordillo por presunto fraude fiscal de $2 millones

La ex líder del SNTE tiene pendientes procesos por delincuencia organizada y lavado de dinero

 
Periódico La Jornada
Viernes 19 de mayo de 2017, p. 19

El cuarto tribunal unitario penal de la Ciudad de México anuló de manera definitiva el juicio a la maestra Elba Esther Gordillo Morales por la acusación de presunta defraudación fiscal de 2 millones 199 mil pesos que le imputaba la Procuraduría General de la República (PGR).

La magistrada Graciela Santés Magaña, quien preside dicho tribunal, dictó el auto de libertad por falta de elementos para procesar, ante la incomprobación del cuerpo del delito de defraudación fiscal equiparada calificada. Sin embargo, la ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) tiene pendiente otro proceso por presunta delincuencia organizada y lavado de dinero, por mil 968 millones de pesos.

De acuerdo con el expediente 215/2015, “no se encuentra acreditado el cuerpo del delito de defraudación fiscal equiparado, por el que se emitió la resolución reclamada.

De esa manera, al no haber prosperado los agravios planteados en la revisión adhesiva, aunado a que ha quedado evidenciado que el tribunal responsable violó en perjuicio de la quejosa el principio de legalidad que enmarca el estricto derecho, contenido en el numeral 16 de la Constitución, ante la incomprobación del cuerpo del delito de defraudación fiscal equiparada calificada, previsto en el artículo 109, fracción I, del Código Fiscal de la Federación (vigente al momento de los hechos), y sancionado en la fracción III del diverso numeral 108 del mismo ordenamiento legal, lo procedente es revocar la sentencia recurrida y, en su lugar, conceder a la quejosa la protección constitucional.

La profesora fue detenida en el aeropuerto de Toluca en febrero de 2013; posteriormente fue puesta a disposición de jueces federales para enfrentar procesos penales por operaciones con recursos de procedencia ilícita por mil 978 millones de pesos, que presuntamente habría desviado de las arcas del SNTE y transferido a sus cuentas personales.

Por ahora seguirá a disposición de las autoridades penitenciarias de la Ciudad de México.