Moscú.

Algo está cambiando en Rusia, aunque todavía es prematuro concluir que existan ya las condiciones para un cambio drástico de régimen, sea por la vía de las urnas o mediante un golpe palaciego o un levantamiento popular, pero de un tiempo para acá parece que los rusos –y no sólo los activistas de oposición– empiezan a no tener miedo a decir lo que piensan y a estar dispuestos a defender sus derechos, más allá de lo que digan las siempre amañadas encuestas de opinión.

Dos ejemplos recientes refuerzan esta impresión:

Formulada la noche del domingo anterior en horario de máxima audiencia en uno de los canales más vistos de la televisión local, sigue sin respuesta la pregunta que lanzó un experimentado periodista al jefe de Estado, al presidente de la Corte Constitucional y al patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa.

Vladimir Pozner, quien se declara ateo convencido, quiere que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el juez Valeri Zorkin, como máximo responsable de que se cumplan las leyes en este país, y Kiril, el principal jerarca de la religión ortodoxa, le contesten si es delito negar la existencia de Dios.

Lo preguntó al comentar en su programa el caso de Ruslan Sokolovski, el joven cazador de pokemones en un templo, que la semana pasada recibió como castigo a su irreverencia una sentencia a tres años y seis meses de libertad condicional, entre otras razones por negar que existieron Jesucristo y Mahoma, de acuerdo con la sentencia que se basa en la declaración de un testigo anónimo.

A la fecha, sólo la Iglesia Ortodoxa –a través de un vocero de segundo nivel– dijo que ser ateo no es delito, pero sí lo es ofender los sentimientos religiosos de los creyentes, lo cual no hacía falta explicar ya que desde hace tiempo está tipificado en el Código Penal de Rusia. La pregunta era otra.

En el segundo caso, alguien tuvo la genial idea –visto desde la perspectiva de las grandes empresas de la construcción y, aseguran algunos analistas del quehacer interno ruso, también de los artífices del lavado de dinero– de implementar un multimillonario programa para demoler todos los edificios de cinco pisos levantados, como solución de emergencia a la escasez de vivienda, a comienzos de los años 60 del siglo pasado por el entonces gobernante soviético, Nikita Jruschov.

Son casas –algunas en mal estado, todas sin elevadores, bastante modestas– que en su momento salvaron a miles de moscovitas de vivir en departamentos compartidos, cuando una familia ocupaba un solo cuarto y convivían hasta cinco o seis familias con baño y cocina comunes.

Disuelta la Unión Soviética, esas viviendas se privatizaron de manera gratuita y ahora, más de un cuarto de siglo después, influyentes grupos cercanos al primer círculo del gobierno ruso quieren embolsarse una millonada de golpe y porrazo y desplazar a los propietarios, con la vaga promesa de proporcionarles otro departamento en el mismo distrito (como se denominan aquí las colonias de la ciudad).

El truco consiste en levantar un rascacielos apropiándose de un terreno que vale mucho para vender los nuevos departamentos de lujo en el mercado y ofrecer que los antiguos inquilinos paguen la diferencia. Quien no pueda, o sea, la mayoría, como alternativa recibirían una vivienda igual de modesta que la que tenían, pero lejos de su distrito (colonia).

Por este motivo hace unos días, para protestar contra ese despojo, salieron a la calle en Moscú miles de personas. La mitad de los 30 mil asistentes participaron por primera vez en un mitin contra las autoridades y acudieron hastiados de que les quieran ver la cara y no por consigna de un partido político.

A menos de un año de las elecciones presidenciales, el afán de incrementar las fortunas de un reducido grupo de magnates puso en entredicho la credibilidad del Kremlin, que intenta endosar la responsabilidad a la Alcaldía de Moscú.

Así, de modo espontáneo, se comienza a formar la sociedad civil en Rusia, al margen de una oposición política incapaz de crear un solo frente por las persistentes ambiciones personales de sus líderes.