‘‘Estas personas valientes son perseguidas e intimidadas en todo el mundo’’, denuncia
En una nueva campaña global el organismo demanda poner fin a la avalancha de ataques
Jueves 18 de mayo de 2017, p. 13
‘‘Líderes y lideresas comunitarios, abogados, periodistas y otros defensores y defensoras de los derechos humanos en todo el mundo afrontan niveles inéditos de persecución, intimidación y violencia’’, advirtió este miércoles Amnistía Internacional (AI) al presentar una ‘‘nueva campaña global que pide el fin de la avalancha de ataques contra personas valientes que luchan contra la injusticia’’.
En un comunicado enviado este miércoles a La Jornada, AI informó del lanzamiento de la campaña global denominada Valiente, que busca detener la ola de ataques contra quienes defienden los derechos humanos, así como respaldarlos y hacer todo lo posible porque estén a salvo.
‘‘La campaña de Amnistía Internacional pide a los Estados que reconozcan el trabajo legítimo de quienes buscan defender la dignidad inherente y la igualdad de derechos de todas las personas, y que garanticen su libertad y su seguridad’’, señaló el organismo en su comunicado.
‘‘Que los países apliquen la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos a la que se comprometieron en 1988, cuando Naciones Unidas la aprobó, la cual establece reconocer el papel de estos activistas y crear medidas eficaces para su protección’’, añadió.
Expuso que ‘‘la campaña muestra casos de personas que se enfrentan a un peligro inminente debido a su trabajo en la esfera de los derechos humanos, con el fin de captar el apoyo de los gobiernos y presionar a quienes son responsables de la toma de decisiones para que fortalezcan los marcos jurídicos’’.
En el documento, titulado Defensores de los derechos humanos bajo amenaza. La reducción del espacio para la sociedad civil, que se incluye en la campaña, AI detalla los peligros sin precedente que afrontan quienes defienden los derechos humanos, ya que su persecución es cada vez más letal.
Según las pruebas de la organización Front Line Defenders, el año anterior 281 personas perdieron la vida en todo el mundo por defender los derechos humanos, frente a las 156 que murieron en 2015. Amnistía menciona que en 2016 en al menos 22 países hubo personas a las que mataron por defender pacíficamente los derechos humanos; en 63 naciones los defensores fueron objeto de campañas de desprestigio; en 68 los arrestaron o detuvieron sólo por su labor pacífica, y en 84 más recibieron amenazas o sufrieron agresiones.
El secretario general de AI, Salil Shetty, afirmó que ‘‘en 2017 la difícil situación de estos activistas ha llegado a un punto crítico debido a las medidas adoptadas por Estados abusivos y pone como ejemplo el uso de las nuevas tecnologías y la vigilancia selectiva, incluso a través de Internet, para amenazar y silenciar a estas personas.
Amnistía Internacional afirma que los gobiernos de todo el mundo ordenan a las empresas revelar ‘‘claves de cifrado de comunicaciones personales en línea, sin pensar en las consecuencias’’. Entre los gobiernos que señala están México y Rusia, a los que menciona por utilizar redes de trolls ‘‘generando cada vez más campañas de desinformación que se convierten en tendencia y cuyo objetivo es desacreditar y estigmatizar a quienes defienden los derechos humanos, como los periodistas’’.
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En el texto, el organismo afirma que las nuevas tendencias se suman a las herramientas de supresión, como el homicidio y las desapariciones forzadas, la represión del derecho a protestar de forma pacífica y el uso indebido de leyes penales, civiles y administrativas para perseguir a los defensores de derechos.
Shetty denunció también que cuando no amenazan y hostigan a quienes defienden los derechos humanos, ‘‘los gobiernos intentan cultivar una hostilidad abierta hacia esas personas mediante la propagación de una retórica demonizadora que representa a las y los activistas como terroristas o agentes extranjeros’’. Para mayor información sobre la campaña
México no es la excepción
Por lo que hace a México, los ataques a defensores de derechos humanos también ‘‘han alcanzado un punto crítico sin precedentes a escala global’’, con agresiones y atentados que provienen desde las empresas y grandes corporativos, el crimen organizado y hasta de los gobiernos nacionales, denunció Amnistía Internacional.
Además, advirtió que más de la mitad de los homicidios ocurridos en 2015, y más de tres cuartas partes de los registrados en 2016, se cometieron en la región de América; 49 por ciento de los defensores y defensoras que murieron el año pasado atendían principalmente problemas de tierras, territorio y medio ambiente, y entre ellos había muchos pertenecientes a pueblos indígenas.
El informe de AI, titulado Defensores de los derechos humanos bajo amenaza. La reducción del espacio para la sociedad civil, fue dado a conocer de manera simultánea en todo el mundo en el inicio de la campaña global Valiente, impulsada para pedir que se reconozca y proteja a los defensores y las defensoras de los derechos humanos, y que se les permita trabajar en un entorno más seguro.
‘‘La combinación de vigilancia masiva, nuevas tecnologías, uso indebido de las leyes y represión de protestas pacíficas ha creado un nivel de peligro sin precedentes para las y los activistas’’, advierte el organismo internacional.
El secretario general de AI, Salil Shetty, señaló que ‘‘cuando un activista es víctima de agresión u homicidio, rara vez se trata de un hecho aislado, sino suele ser la culminación de una sucesión de amenazas y advertencias.
‘‘En muchos países, las autoridades no investigan estas amenazas ni inician actuaciones judiciales, y casi nunca responden adecuadamente cuando la persona es asesinada o herida. Esta inacción da a los perpetradores impunidad y les da licencia para seguir amenazando y atacando.’’
México es citado de manera reiterada en dicho reporte. En el apartado de crimen y delincuencia organizada destacan las más de 30 mil personas desaparecidas desde 2006, según las cifras más conservadoras. También el creciente miedo que tiene la población para denunciar ante las autoridades la desaparición de familiares o amigos debido a la evidencia de que existe la complicidad entre funcionarios públicos y bandas delictivas, y a la impunidad casi absoluta en la que permanecen estos crímenes.