l día de ayer el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas emitimos un comunicado en el que señalamos nuestra profunda indignación por los homicidios en contra de personas defensoras y periodistas. Señalamos la situación de emergencia que enfrentan en México, ante un vergonzoso estado de impunidad. Exigimos a las autoridades una respuesta de protección integral. Demandamos también una investigación diligente sobre el asesinato de Javier Valdez y Jonathan Rodríguez Córdova, de los otros cinco periodistas asesinados de marzo a la fecha y de la defensora Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, y también sobre los atentados a la libertad de expresión y agresiones contra personas defensoras que ocurren en nuestro país. En el mismo comunicado exigimos el esclarecimiento del homicidio del periodista independiente Cecilio Pineda Brito; la ejecución del columnista Ricardo Monlui, y de la periodista Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada, el esclarecimiento del atentado de Maximino Rodríguez, y de Filiberto Álvarez Landeros, locutor del programa Poemas y Cantares de la Señal de Jojutla. También pedimos que esclarezca el secuestro de siete periodistas, al norte de Guerrero. Hasta el día de hoy las autoridades de procuración de justicia en los ámbitos federal y estatal tienen en sus manos las investigaciones y prometieron, como siempre, llegar hasta las últimas consecuencias en sus investigaciones. Su desempeño es reprobable.

Dijimos y digo ¡Ya Basta! La retórica, los performances políticos, los consejos en corto ya no son suficientes.

Quienes hemos trabajado en la idea, creación y consolidación de un mecanismo de protección sabemos muy bien que es un paliativo de un sistema inoperante de procuración y administración de justicia. Así como lo es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, las comisiones públicas de derechos humanos y los sistemas de búsqueda de desaparecidos. No se necesita burocracia victimal. Se necesita simplemente justicia: perseguir y detener a los criminales. Si la hubiera, esas instancias tan queridas e innecesarias no existirían. Habría justicia.

La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se reúne de manera extraordinaria para hacer una coreografía retórica exhortándose a sí mismos a no ser tan malos, a compartir el costo político. Graco Ramírez se compromete a no perseguir defensores que buscan cadáveres en Jojutla y Tetelcingo; Héctor Antonio Astudillo a no subir a sus consentidos en aviones pagados por nuestros impuestos; Roberto Sandoval a escoger mejor a sus amigos; Javier Corral a no prometer cosas que no va a cumplir.

El actual presidente de la Conago habla de temas que desconoce. Investigar con resultados evaluables los crímenes contra periodistas y personas defensoras: que tal si empezamos por la Narvarte. Y en nombre del conjunto de los 32, hacer cosas que ya existen y no sirven: fiscalías, mapas –donde sobre todo el gobierno de CDMX no coopera–, cumplir con la recomendación 24/2016.

Y peor aún, propone el establecimiento de mecanismos de protección en cada estado que protejan a los periodistas y personas defensoras. ¿Se refería a Veracruz, o a Coahuila, o le pediría ayuda al fiscal de Nayarit para nombrar al encargado de protección?

La multiplicación de burocracia victimal, cuando no se abate el problema de la impunidad es simplemente un show mediático. Es como vivir en una casa en Polanco fruto de la corrupción y hablar de la necesidad de atender a los huérfanos de periodistas asesinados.

Se debería saber que el mecanismo no recibió de la clase política un peso del presupuesto federal este 2017 para proteger a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Se redujo 25 por ciento el personal que trabaja en el mecanismo; se fueron por falta de incentivos. Asesinaron en marzo a dos escoltas que protegían a un periodista y a una defensora. No se hizo ni un homenaje a quienes defendieron con su vida a esas dos mujeres. La gente que trabaja en el mecanismo espera alicientes económicos y de escalafón que le permitan una seguridad laboral más allá de las coyunturas.

La muerte de Javier Valdez genera una gran indignación, pero no mueve un ápice la complicidad del crimen y la autoridad en muchas partes. La democracia no son declaraciones sino acciones contundentes de justicia. La protección es el último recurso de los incompetentes en aplicar justicia.

El participar a lo largo de toda la existencia del mecanismo, como consejero, me permite decir que el problema no está en la protección. Está en la impunidad: los ojos deben estar puestos en las fiscalías –no sólo la de Nayarit – sino en todas las que deben hacer su trabajo.

* Miembro del Consejo Directivo de Serapaz