Uno de los elementos centrales para que surja y continúe la violencia contra periodistas en el país es, sin lugar a dudas, que los responsables de estos hechos casi nunca son castigados, en un fenómeno de impunidad que obliga a muchos comunicadores a autocensurarse y debilita los intentos de vivir en democracia.

Así lo advirtió la académica e investigadora Celia del Palacio Montiel, especialista en temas de violencia contra periodistas en México, quien subrayó que mientras los órganos oficiales de protección a este gremio no tengan presupuesto y personal suficientes, su actuación seguirá siendo nula para evitar el asesinato de comunicadores.

En entrevista con La Jornada, Del Palacio consideró que las agresiones contra reporteros se han incrementado desde la declaración de guerra contra las drogas del ex presidente Felipe Calderón, en 2006.

Actualmente estamos en lo que podríamos llamar un fin de régimen especialmente complicado, donde los periodistas son blancos fáciles. Se mata a los comunicadores porque se puede, porque no pasa nada. La impunidad tiene un papel absolutamente central en estos ataques, recalcó la doctora en historia por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Frente a dicho panorama, los mecanismos e instituciones encargados de salvaguardar a los reporteros amenazados han probado ser incapaces de resolver los crímenes y brindar protección adecuada, a quien lo necesita.

Lo mismo ocurre a escala estatal con las instituciones que tienen ese encargo. Se ha probado que no funcionan a pesar de los esfuerzos. No cuentan con suficiente presupuesto o con las armas institucionales para dar seguimiento a los casos; las fiscalías regionales y estatales no cuentan con los medios a veces ni siquiera elementales para iniciar las averiguaciones.

Una de las fallas más preocupantes de dichos organismos es que los casos de reporteros amenazados van y vienen constantemente antes de ser resueltos, por dudas en cuanto a la jurisdicción. Así, las decisiones para proteger o no a los periodistas suelen ser tardías, añadió la coordinadora del libro Violencia y periodismo regional en México. Este escenario de violencia y muerte ha llevado a muchos comunicadores a autocensurarse o suspender su trabajo para evitar una agresión, lo cual afecta a la sociedad en general, porque en un régimen democrático, el papel de los periodistas críticos es fundamental.

Cada vez que un periodista se calla, “estamos perdiendo la posibilidad de ser informados a fin de tomar las mejores decisiones para la vida pública. Poco a poco la esfera pública va siendo colonizada por los actores interesados –sean gobiernos o poderes fácticos– y la sociedad civil va quedándose sin poder”.

Con respecto a la autoría de estos ataques, la investigadora de la Universidad Veracruzana subrayó que organizaciones internacionales, como Artículo 19, ya han indicado que los mayores agresores de los periodistas en México son los agentes gubernamentales en sus tres niveles, aunque tal vez no cometan la agresión más grave, que es el asesinato.

En ese sentido, no sólo es culpable el Estado por estos actos de violencia contra los periodistas, sino que también es culpable por omisión, por su incapacidad para resolver los crímenes. Detrás de muchos de ellos puede estar el crimen organizado, pero en otros casos, los culpables pueden ser desde particulares, hasta autoridades municipales en colusión con el crimen.