La comisión especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, constituida en la Cámara de Diputados y botín del PAN desde hace tres legislaturas, ha resultado en un fracaso manifiesto a la hora de producir normas, protocolos, legislaciones o por lo menos gestionar la obtención de recursos públicos tendentes a salvaguardar el ejercicio profesional del gremio.

Los usos y costumbres en el seno del Poder Legislativo, donde las tres principales fuerzas políticas (PRI, PAN y PRD) se reparten las presidencias de las comisiones y direcciones administrativas en San Lázaro, inclinaron la balanza en favor del PAN para que a éste le correspondiera la comisión de seguimiento a las agresiones a periodistas.

A la fecha, de 10 integrantes, cuatro son del PAN: la presidenta Brenda Velázquez, Exaltación González, Cristina Jiménez y Federico Doring; dos del PRD: Teresa García y Alberto Martínez, uno de PVEM, Lía Limón; uno de Morena, Virgilio Caballero; uno del PRI, Alejandro Domínguez, y uno de Movimiento Ciudadano, Candelaria Ochoa.

Su rango de acción se ha limitado a emitir opiniones en materia de protección a periodistas, libertad de expresión y derecho a la información, y a detectar agresiones a periodistas en estado de México, Oaxaca, Baja California Sur, Morelos, Veracruz, Ciudad de México, Guanajuato, Yucatán y Chihuahua.

El papel de la comisión es declarativo, pues ha señalado que el presupuesto para el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas ha sido exiguo, mientras las fiscalías no logren sentencias condenatorias contra agresores de los comunicadores.

Incluso ante la reciente aceptación de Patricia Conchero Aragonés, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, de que en el presupuesto 2017 no se etiquetaron fondos al mecanismo de protección a periodistas, y el dinero se agotará entre septiembre y octubre próximos, la comisión no ha establecido una estrategia para demandar a la autoridad federal los recursos que garanticen las medidas cautelares para 509 periodistas en el país.

La legisladora de Movimiento Ciudadano, Candelaria Ochoa Ávalos, cuestionó cuáles son los principales riesgos que enfrentan las 509 personas sujetas a medidas de protección. Además, por qué acudieron a ese mecanismo y todas las solicitudes que se han atendido.