Organizaciones civiles hacen eco al llamado del relator de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua y saneamiento, Léo Heller, y demandaron a todos los niveles de gobierno cumplir con su obligación de respetar y proteger estas garantías no sólo con el presupuesto necesario, sino trabajando con grupos locales y comunidades que tienen propuestas concretas para solucionar problemas.

Al comentar las conclusiones preliminares presentadas por Heller, mencionaron que éste se refirió a que México enfrenta cuantiosos retos para asegurar los derechos humanos al agua y al saneamiento de su población, ya que la estadística de que existe una cobertura de 90 por ciento de cobertura de agua potable y saneamiento, aunque es impresionante sólo refleja la existencia de alguna forma de infraestructura y no se traduce en acceso real a esos servicios.

Indicaron, en un comunicado, que desde hace varios años diversas organizaciones han alertado sobre esta realidad que invisibiliza los graves problemas, tanto de calidad como de cantidad de agua disponible a pesar de los kilómetros de tubos que se han construido por todo el país.

El relator estuvo en México entre el 2 y el 12 de mayo, días en que realizó recorridos de campo en los municipios de Filomeno Mata y Papantla, Veracruz; las delegaciones Iztapalapa y Xochimilco, en la Ciudad de México; Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El informe final será presentado en septiembre.

En términos de asequibilidad, destacaron, Heller identificó que aquellas personas que no cuentan con ningún servicio o con servicios inadecuados experimentan el más alto impacto económico y social, ya que se ven obligadas a depender de alternativas caras para obtener el líquido, como agua embotellada, pipas y proveedores informales. Esto significa que las personas más pobres a menudo pagan más por su agua y pasan más tiempo obteniéndola, impactando particularmente a mujeres y niñas.

Las organizaciones mencionaron que en cuanto a la legislación para garantizar el derecho humano al agua y saneamiento, Heller estimó que el gobierno debería consultar y colaborar con todas las contrapartes clave, especialmente con la sociedad civil, para aprobar la nueva ley. Este tema también ha sido denunciado en múltiples ocasiones por la sociedad civil, que además ha aportado propuestas y expresado preocupaciones en el debate sobre el punto, apuntó la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (Comda).

Destacaron que el relator alentó al gobierno a dar igual y apropiada atención y proveer los recursos necesarios para la atención de los derechos económicos, sociales y culturales críticos, incluyendo los derechos al agua potable y al saneamiento.