uego del crimen del 26 de septiembre de 2014 la inacción del Estado fue evidente. Hasta el cuarto día las autoridades estatales iniciaron una búsqueda deficiente y caótica. Mientras, el gobierno federal se negaba a atraer el caso, argumentando su carácter local. Hasta la siguiente semana la PGR decidió llevar la investigación al ámbito federal.

Luego de las pesquisas, en noviembre de 2014 la PGR concluyó con lo que denominó la verdad histórica. Afirmaba que los estudiantes habían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula. Con este intento de conclusión pararon las investigaciones y la búsqueda.

El caso estaba prácticamente cerrado. Los padres y sus representantes empezaron a buscar un mecanismo para revertir esa mentira. Era fácil advertir que se trataba de una mentira. No había evidencia científica de la muerte de los 43, no estaban los restos de los jóvenes. Los padres visitaron varias veces el basurero. Sus saberes de hombres del campo les indicaban que en ese lugar no había existido un incendio de esas proporciones, las áreas adyacentes no estaban quemadas; madera y piedras permanecían intactas. ¿Cómo sustentar científicamente esa convicción y revertir lo dicho por la PGR? Definitivamente era necesario un dictamen de alto rigor científico.

En septiembre de 2015 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) hacía añicos la verdad histórica con un dictamen del doctor José L. Torero. Establecía que la evidencia científica indicaba que en ese lugar no pudo existir un incendio capaz de quemar 43 cuerpos. Meses más tarde el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) llegaba a las mismas conclusiones. Esto habría obligado a la PGR a sacar las investigaciones de la Seido y crear una fiscalía especial para el caso Ayotzinapa. El GIEI empezó a coadyuvar de manera decidida en el caso. Para febrero de 2016 se contaba con varias líneas de investigación, entre las más consolidadas estaban: 1) el Ejército Mexicano, 2) Huitzuco, 3) la telefonía celular y 4) el trasiego de droga de Iguala a Chicago, como móvil de la agresión. Sin embargo, cuanto más avanzaban las pesquisas el nerviosismo de la clase gobernante aumentaba.

En marzo de ese año el gobierno iniciaba una campaña de descalificación contra el GIEI que lo orilló a salir de país. El gobierno prefirió patear la coadyuvancia y supervisión internacional, desplegando cuantiosos recursos para montar una campaña hostil a los expertos, renunciando a su deber de seguir investigando.

Tras la salida de los expertos y, pese a la descalificación y el intento del gobierno de enlodar el movimiento, los padres de familia se sentaron a dialogar. En reuniones mensuales iban evaluando el avance de las pesquisas, sin embargo, las autoridades no presentaron los más mínimos avances. La reunión del 9 de febrero de este año fue claro ejemplo del estancamiento de las indagatorias. Pero la posición final del gobierno sobre el caso Ayotzinapa se expresó en la audiencia que tuvo ocasión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 17 de marzo. Para ellos la tesis del basurero de Cocula era la más consolidada. Todo lo realizado por el GIEI era secundario y sin relevancia, es decir, las cuatro líneas de investigación que avanzaron los expertos no merecían la más mínima importancia.

La posición política del gobierno era clara: avanzar en las líneas de investigación que recomendó el GIEI era y es seguir evidenciando las falencias y corrupción de las instituciones, policías, políticos y autoridades coludidas con el crimen organizado; por tanto, administrar el caso hasta 2018 es lo más redituable políticamente.

Los padres de los 43 consideran atinadamente que el gobierno federal ha dado salidas políticas al caso Ayotzinapa, en una primera etapa y ante las movilizaciones multitudinarias que tomaban forma de indignación popular y exigían la caída del Presidente adoptaron la verdad histórica como mecanismo de control de daños, con esto quitaron el filo a la demanda central de las movilizaciones, la segunda etapa y con el derrumbe de su verdad histórica se caracterizó por una supuesta voluntad de avanzar permitiendo la coadyuvancia y supervisión del GIEI, la tercera de golpeteo directo al GIEI y los padres de los 43 desplegando una campaña de desprestigio y la cuarta, administrar el caso hasta 2018.

En suma, el caso Ayotzinapa muestra un conjunto de instituciones permeadas por la corrupción, un aparato de justicia anquilosado, carente de independencia que se mueve y responde a los ritmos e intereses de la clase política, antes que a los anhelos de justicia de las víctimas. Cuando las víctimas dan la confianza a las autoridades éstas responden con una mentira; cuando piden avanzar en la investigación, el gobierno despliega en su contra campañas de desprestigio para restar legitimidad a la demanda; cuando se vuelve a movilizar y piden diálogo las autoridades cierran las puertas y el procurador esgrime argumentos absurdos (no se puede reunir con los padres, si no está presente el mecanismo de la CIDH) para cerrarles la puerta. A los 43 les han dado un trato de disidentes políticos, cuando en realidad son víctimas en búsqueda de verdad y justicia.

Por cálculo político las autoridades se niegan a impulsar y profundizar en las cuatro líneas de investigación que dejó el GIEI. ¿Por qué desaprovechar cuatro rutas que tienen perspectivas para esclarecer el caso? ¿Por qué se niegan a detener a policías municipales que desaparecieron a por lo menos 25 estudiantes? ¿Qué de antisistémico tiene la exigencia de investigar el trasiego de droga de Iguala a Chicago?

* Integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y abogado de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa