l asesinato de Javier Valdez Cárdenas se inscribe en el proceso de oscurecimiento de la vida pública mexicana que busca inhibir, mediante el amedrentamiento y el asesinato, el ejercicio cívico, político y periodístico que sea inconveniente para los distintos ámbitos de poderes, institucionales y fácticos, que a fin de cuentas se funden en intereses y complicidades, decididos a cerrar el paso, al costo que sea, a la oposición política, a la denuncia ciudadana, al activismo social, al ejercicio periodístico honesto y a la crítica fundada.

Cortar la vida de Javier Valdez va más allá de las circunstancias específicas del grupo criminal que lo mantenía bajo amenazas, y de la información o análisis que hubiera molestado a esos jefes intocables. Antes que él, Miroslava Breach, también corresponsal de La Jornada, pero en Chihuahua, fue ejecutada a la puerta de su domicilio, frente a su hijo, en otro cumplimiento mortal de advertencias previas. En Guerrero, Sergio Ocampo, otro corresponsal jornalero, y Jair Cabrera, fotógrafo y colaborador de La Jornada, fueron parte del grupo de siete periodistas asaltados, robados y amenazados de quemarlos vivos por un centenar de personas armadas y encapuchadas.

Ellos son los eslabones más recientes de una imparable cadena de agresiones contra periodistas que ejercen su oficio fuera de Ciudad de México, en entidades donde los cárteles dominantes suelen tener bajo su control a autoridades de toda índole y nivel, sin que haya jamás la esperanza sensata de que los agravios vayan a producir una investigación seria y confiable o que los verdaderos responsables, materiales e intelectuales, serán aprehendidos, procesados y sentenciados.

Con frecuencia, esas investigaciones hechizas sólo sirven para simular que las instituciones y los políticos gobernantes producen algo más que las rutinarias declaraciones de que se buscará a los responsables, se indagará hasta las últimas consecuencias y se castigará a los culpables, caiga quien caiga. Puede ser que, para dar la impresión de que se avanza en la búsqueda de justicia, se recurra al expediente clásico de habilitar a algún presunto responsable, reclutado de los bajos fondos controlados por los propios policías, con el ánimo de ir confinando el expediente al voluminoso archivo de los casos nunca verdaderamente resueltos.

Pero más que aplicar un lente para ver a larga distancia y enfocar el tema en los detalles de las figuras inmersas en los procesos judiciales, es necesario utilizar un gran angular, que nos permita una toma amplia y visualizar al sistema en su conjunto. Los asesinatos y agresiones contra periodistas tienen como referente estructural al Estado mexicano como un narcoestado y a los gobernantes y funcionarios públicos de alto nivel como parte de la narcopolítica.

Reportar y documentar lo que sucede en el plano operativo cotidiano de las bandas criminales, informar y analizar los acontecimientos de cada ciudad o región significa lesionar los intereses de esos políticos, gobernantes y funcionarios públicos, cuya estancia en los asientos de poder y la facultad de manipular actividades forenses y procesales está condicionada por los arreglos previos y los vigentes con los grupos criminales específicos, los que jalan el gatillo o cometen el secuestro para sostener el sistema en cuyas alturas los políticos disparan discursos y mentiras para sobrellevar el funcionamiento de los negocios acordados.

Javier Valdez fue un periodista valiente y valioso, generoso en la compartición de los datos y la experiencia que iba acumulando, responsable y cuidadoso para tratar de eludir la furia asesina de capos y sicarios. Con entereza profesional cubría la nota diaria para RíoDoce, La Jornada y la Agence France-Presse (Afp), al mismo tiempo que acumulaba apuntes y bocetos para los libros que fue publicando con un éxito notable, convertido en un relator afinado y atinado de los procesos económicos, sociales y culturales derivados del predominio del crimen organizado y, desde luego, los delicados entretelones de la convivencia entre ese crimen dominante y los actores y factores políticos. Javier supo descifrar y mostrar las circunstancias del negocio criminal compartido por cárteles y políticos, mediante un lente gran angular que, recurriendo al relato con nombres y detalles cambiados, recuperando habla, modismos e historias populares, puso a la vista de los mexicanos, pero también de muchos extranjeros (era muy apreciado por directivos y activistas de organizaciones defensoras del ejercicio periodístico y por corresponsales y periodistas extranjeros), el complejo mural de la delincuencia organizada, el aparato político docilitado y la sociedad acoplada de diversas formas a esa realidad ineludible.

Es obligado, desde luego, exigir al gobernador (es un decir) de Sinaloa, Quirino Ordaz, enviado desde Los Pinos para ocupar la silla del poder estatal, que haya justicia para Javier. El propio Enrique Peña Nieto dio instrucciones de atención especial al caso, sin que haya mucha confianza en que representen algo más que palabras y movimientos burocráticos correspondientes al buen manual de las circunstancias (hoy, a las 19:30 horas, habrá una protesta de periodistas en Ciudad de México, en la Secretaría de Gobernación).

Sin embargo, asesinar a Javier Valdez, como antes a Miroslava, como antes a Regina Martínez, como antes a tantos periodistas más que han caído entre efímeros estremecimientos de la opinión pública, es una consecuencia de la persistencia, hasta ahora imbatible, del crimen organizado como factor de gobierno. Hay que decirlo: fue, es, en este y muchos casos más, el narcoestado.

Y mientras Josefina Vázquez Mota ha tenido que salir a asegurar que no declinará, como con insistencia se rumoró ayer, según eso en favor del perredista Juan Zepeda, ¡hasta mañana, con otro enfrentamiento en Puebla entre huachicoleros y militares!

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