La falta de un marco legislativo adecuado y la prevalencia de intereses económicos de las grandes empresas son algunos factores que violan el derecho de los pueblos originarios a la consulta previa, afirmó la cuarta visitadora general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Norma Inés Aguilar.

Durante un foro sobre el tema, la funcionaria llamó a armonizar el orden jurídico mexicano con los diversos estándares internacionales en la materia, para garantizar el acceso de las comunidades indígenas a ser consultadas de manera previa e informada, tomando en cuenta que muchas de éstas se encuentran asentadas en lugares de gran riqueza natural.

Aguilar subrayó que sólo 25 estados del país reconocen ese derecho en sus legislaciones y únicamente Durango y San Luis Potosí tienen una norma específica en la materia.

Destacó que ante la puesta en marcha de proyectos productivos y económicos en comunidades indígenas, así como en cuanto a modificaciones normativas o de políticas públicas que les afecten, es indispensable consultarlas de manera previa e informarles sobre las implicaciones de los mismos.

De igual forma, llamó a las empresas que emprenden proyectos extractivos, de explotación y desarrollo en comunidades indígenas a respetar los usos y costumbres de éstas, así como a garantizar su participación libre e informada y con la ayuda de intérpretes.

La visitadora recordó que la CNDH emitió el año pasado la recomendación general número 27, relacionada con el derecho a la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe de los pueblos y comunidades indígenas de la República, para contar con un ordenamiento específico que regule adecuadamente el proceso de consulta a ese sector de la población.