Ciudad Juárez, Chih.

Representantes de la Red de Defensa de la Tarahumara denunciaron que a la tala inmoderada que persiste en la zona serrana ahora se añaden los incendios forestales provocados por los talamontes para disimular el corte ilegal de árboles, lo que ha dejado devastada la sierra.

Agregaron que de 1998 a la fecha pobladores de los municipios de Urique, Bocoyna, Guachochi Guadalupe y Calvo han documentado los hechos y presentado denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pero éstas no han prosperado.

Diana Villalobos, directora de Consultoría Técnica Comunitaria, precisó que un caso lo padece la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique, municipio de Guachochi. El jueves pasado inconformes cumplieron 40 días de plantón en la ciudad de Chihuahua por la tala inmoderada, pero se retiraron ante la falta de atención.

La comunidad se amparó pues la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) decidió no aplicar la norma para proteger los bosques, acusó.

A ese problema, dijo, se agrega la expedición de permisos de aprovechamiento forestal en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la cual se triplicó en su Plan de Desarrollo Nacional, que en lugar de plantear estrategias de reforestación impulsó la explotación masiva de recursos forestales.

Ecosistema frágil

La activista explicó que el ecosistema de la Tarahumara es muy frágil: un pino puede tardar más de 60 años en tener grosor de 60 centímetros por los malos suelos, y los talamontes cortan los pocos pinos que quedan, de unos 15 centímetros.

A las políticas erráticas del gobierno federal, dijo Villalobos, se añade que la administración estatal no inspecciona los camiones de carga de pino. Además, los titulares de los permisos de aprovechamiento son los ejidatatarios, pocos son indígenas.

Expresó que la tala del bosque afecta la vida de las comunidades originarias de la Sierra Tarahumara, pues se dedican a la recolección de leña y plantas medicinales, a la caza y la pesca, el pastoreo de chivas y su acceso al agua potable escasea.

Villalobos recordó que la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable menciona que es una obligación de la Semarnat y la Profepa consultar a las comunidades indígenas afectadas para entregar los permisos de aprovechamiento forestal; además, existe el Convenio Internacional 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que ampara su autonomía y derechos humanos.