El asesinato de la activista Míriam Elizabeth Rodríguez, en San Fernando, Tamaulipas, generó la condena de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y un enérgico llamado al Estado mexicano para realizar una investigación profesional, pronta, exhaustiva y con perspectiva de género, para que el crimen no quede en la impunidad.

La Secretaría de Gobernación (SG) también pidió a las autoridades del estado realizar una investigación profunda para esclarecer el asesinato. La dependencia manifestó en un comunicado que su titular, Miguel Ángel Osorio Chong, instruyó al subsecretario de Derechos Humanos de esta dependencia, Roberto Campa Cifrián, ponerse en contacto con los familiares de la víctima para prestar cualquier apoyo que sea necesario.

En tanto, defensores reprocharon que en medio de la crisis de derechos humanos que vive el país, activistas y familiares de las víctimas estén indefensos.

Por separado, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Amnistía Internacional (AI) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenaron el crimen y llamaron al gobierno mexicano a proteger a la familia de la activista y a las de otras personas desaparecidas en Tamaulipas, entidad que ocupa el primer lugar nacional en este delito.

La CNDH subrayó, una vez más, que las autoridades de los tres niveles de gobierno han incumplido con su obligación de brindar seguridad pública y prevenir violaciones a los derechos fundamentales de quienes se desempeñan como defensores y están en riesgo.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) anunció que atrajo el caso para brindar acompañamiento y atención a las víctimas indirectas y potenciales.

El Partido de la Revolución Democrática también condenó el asesinato de la activista. Claudia Castelo, secretaria de Equidad y Género del sol azteca, sostuvo que en Tamaulipas gobiernan la violencia y la impunidad.

En entrevista, lamentó que pese a los llamados de auxilio que hizo Rodríguez Martínez para ser protegida, nadie, ni la CEAV, hizo nada por protegerla, porque para el gobierno de (Enrique) Peña Nieto, las personas, su seguridad y sus derechos humanos poco importan.