El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) dio instrucciones a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que difunda los documentos sobre 741 denuncias penales que presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) al detectar posibles ilícitos en el manejo de recursos públicos.

En la resolución, el Inai pide que la información sea desglosada por número de averiguación previa, año de la cuenta pública, entidad fiscalizada, fecha de presentación, monto del daño al erario, delitos, irregularidad detectada y estado que guarda la denuncia.

Con esta decisión, el Inai revocó el carácter confidencial que determinó la ASF, con el argumento de que entregar esa información afecta la procuración de justicia y el combate a la corrupción.

El comisionado Joel Salas consideró que debe privilegiarse la utilidad de la información pública como un insumo para que se conozca cómo se administran los recursos públicos, si se identificaron irregularidades y se investiga y sanciona a los responsables.

Ante la solicitud de información, la ASF remitió al peticionario a un vínculo electrónico con el listado de denuncias penales presentadas, donde sólo se hace referencia a la fecha de presentación y entidad fiscalizada.

El comisionado destacó que esta información no da cuenta cabal del desglose que requirió el particular.

Salas mencionó que algunas denuncias se asocian con posibles actos de corrupción y afectaciones al erario para beneficiar intereses propios o privados, cometidos por gobiernos estatales; simulación de la solventación de irregularidades detectadas por la autoridad sin acreditar el destino final; simulación que provoca que no se ejerzan atribuciones de la autoridad, entre ellas, de carácter administrativo o resarcitorio, y subsistencia de los daños determinados originalmente por la autoridad.

Citó algunos datos sobre los alcances que ha tenido hasta ahora la actuación penal de la ASF: El sujeto obligado ha interpuesto, de 1998 a enero de este año, 741 denuncias por irregularidades en la Administración Pública Federal, las cuales representan un monto de 41 mil 977 millones 919 mil 408 pesos. De éstas, 636 se encuentran en integración ante el Ministerio Público, 18 en amparo y sólo 25 consignadas o en las cuales se ejerció acción penal.

Subrayó que las 25 denuncias consignadas corresponden a 3.3 por ciento del total presentado ante el Ministerio Público.

Algunas de estas denuncias han servido para investigar posibles delitos de corrupción que hoy sacuden a la opinión pública nacional, por lo que propuso y, así fue avalado, que se ordene a la ASF la apertura de la información.