ientras la administración peñista hurgaba en el cajón de las excusas para tratar de conjurar el seco informe de un prestigioso instituto con sede en Londres, que declaró a México el segundo país más violento del mundo, en las redes sociales irrumpía una videograbación casera en la que puede observarse parcialmente una figura, con toda la probabilidad de ser un miembro de las fuerzas armadas mexicanas (se usa aquí el mismo criterio jurídico que lleva a mencionar a determinados civiles como presuntos delincuentes, en tanto no haya resolución judicial que declare su inocencia o culpabilidad), disparando en la cabeza a una persona caída y sometida.

Además de esa escena en la que un civil es ejecutado, sin que el resto de militares presentes muestre mayor signo de alteración o se perciba alguna intención de detener a quien acababa de cometer un homicidio, se dieron a conocer otros videos en los que se observa a un presunto huachicolero (ladrón de combustible) disparando contra los soldados y asesinando a uno, todo ello en el contexto de los sucesos de Palmarito Tochapan, comunidad perteneciente al municipio de Quecholac, en Puebla, donde el Ejército intervino para enfrentar a bandas dedicadas al robo de gasolina de los ductos que cruzan por esa zona (varias de esas bandas forman parte de una especie de división comercial de Los Zetas, siempre diversificados en sus negocios y, en Puebla, con una larga impunidad durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, ahora dedicado este panista a gastar mucho dinero en promoverse como posible candidato presidencial). En dichos sucesos murieron cuatro militares y seis civiles, y hubo varios heridos y detenidos.

La difusión de tales videos (la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que ya tenía incluida en su expediente la grabación en que se aprecia el disparo contra el civil) confirma la muy extendida versión de que las fuerzas armadas mexicanas suelen ejecutar a civiles a los que identifican como parte de los muy extendidos y agresivos grupos del crimen organizado en todo el país, así sea en medio de una balacera o en circunstancias equívocas que pueden afectar a personas sin relación con los hechos combatidos.

Hay en las élites castrenses, y en parte importante de la población mexicana, harta ésta del salvaje comportamiento de dichos cárteles desbordados, la convicción de que tales criminales no merecen ninguna piedad (mucho menos la aplicación de medidas de procesamiento judicial en busca, teóricamente, de castigar con cárcel a los infractores e incluso buscar su rehabilitación y reinserción a la sociedad). Desahuciados socialmente, irreformables, seguros reincidentes vengativos, movidos por el consumo excesivo de drogas y adictos a la violencia inhumana, tales especímenes negativos merecerían simplemente el exterminio sumario, el tiro de gracia.

Esa visión, aun con los engañosos guiños de corrección rápida de vicios mayores, refleja el fracaso del Estado mexicano y sus políticas, y condena a la población a vivir entre tajos oficiales tirados al cuello de quienes se sospechara que son delincuentes irredimibles, entregando el poder de vida o muerte no a las instituciones formalmente encargadas de conocer y juzgar hechos delictivos (las procuradurías o fiscalías, y el aparato de jueces, magistrados y ministros), sino al criterio de los portadores de las armas gubernamentales, en un proceso que marcadamente ha tenido graves errores y ha afectado mortalmente a mexicanos sin relación con hechos delictivos.

Los videos de Palmarito hacen recordar episodios como el de Tlatlaya, donde presuntos delincuentes rendidos fueron también ejecutados por fuerzas militares. Y, en particular, refuerzan las voces de alerta que se han alzado contra la pretensión de dar un marco legal propicio para una mayor acción de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina en casos de afectaciones a la seguridad nacional.

El poder civil en México ha cedido importantes porciones de mando y presencia política durante la administración peñista, al grado de que, como nunca, los jefes de las fuerzas armadas han presionado para que el Congreso federal apruebe la ley de seguridad nacional. La preeminencia del verde olivo sobre el traje y corbata de Los Pinos ha sido visible en el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, con los mandos castrenses triunfantes a la hora de negarse a que el Estado mexicano cumpliera sus compromisos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y permitiera que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes pudiera conocer de viva voz la versión de soldados presentes en las horas críticas de Iguala (por cierto, el Alto Comisionado de esa CIDH prepara una declaración sobre el curso del caso de los normalistas, lo que preocupa a la élite gubernamental mexicana, deseosa de suavizar el texto venidero).

A fin de cuentas, la Sedena tiene una oportunidad de esclarecer sus métodos de acción y permitir que haya no sólo la sanción específica para un elemento que hubiera realizado la multicitada ejecución sino, sobre todo, de garantizar a los mexicanos que, conforme al maltrecho marco legal vigente, las fuerzas armadas mexicanas lo respetan y que no se practica una política, no declarada, de limpieza social con tiros de gracia.

No es sólo la campaña electoral específica de Alfredo del Mazo Maza, con el evidente derroche de dinero en busca de que el priísta levante vuelo (en el debate de este martes, la panista Josefina Vázquez Mota giró su mira hacia el PRImazo, cual si hubiera un despecho por traiciones políticas o hubiera una instrucción de fortalecer un polo emergente PAN-PRD). Ahora, Del Mazo está en la lista de los políticos presuntamente beneficiados por pagos corruptos realizados por OHL, la empresa favorita de los poderes mexiquenses, el estatal y el federal. Ayer, en el Instituto Nacional Electoral, Morena presentó datos de depósitos bancarios de OHL a la campaña de Del Mazo. ¡Hasta mañana!

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