Buenos Aires.

El bloque de diputados del Frente para la Victoria-Partido Justicialista (FpV-PJ) solicitó juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema que fallaron en favor de computar dos años por uno (2X1) a los detenidos por delitos de lesa humanidad durante la pasada dictadura militar (1976-1983), mientras el fiscal Guillermo Marijuan solicitó que se investigue a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco por prevaricato, delito que se adjudica a los magistrados cuando dictan resoluciones contrarias a derecho.

Esto sucede un día antes de la gran marcha que realizarán este miércoles todos los organismos defensores de derechos humanos, que unieron fuerzas, ya que en principio había dos convocatorias, a la que se sumarán legisladores, partidos políticos y movimientos sociales, en momentos en que al menos dos encuestas conocidas esta semana dan cuenta de que 89 por ciento de la población rechaza el fallo.

El dictamen del Ministerio Público representado por Marijuan dio curso a la denuncia contra los tres jueces de la Corte Suprema que avalaron la aplicación del 2x1 para un represor condenado por delitos de lesa humanidad, lo que recayó en el juzgado Federal de Daniel Rafecas (uno de los varios jueces que figuran en la lista negra del gobierno de Mauricio Macri) para abrir una investigación penal. Se basa en la denuncia presentada este lunes por el abogado y ex legislador Marcelo Parrilli.

En este caso señala la decisión de la Corte en favor de Luis Muiña, condenado a 13 años de prisión por la represión durante la dictadura en el Hospital Posadas.

En tanto, la solicitud de juicio político por mal desempeño de los tres jueces fue firmado, entre otros, por el diputado Juan Cabandié, del FpV, hijo de desaparecidos, nacido en la Escuela de Mecánica de la Armada, apropiado por un militar y recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo.

Héctor Recalde, jefe del bloque del FpV, agregó la propuesta de una ley aclaratoria que establezca que en los casos de delitos de lesa humanidad no rige el principio de ley penal más benigna. Los legisladores de este bloque consideraron que la resolución por mayoría de los tres jueces es una decisión política que coincide con las políticas del gobierno de Macri de negación del genocidio.

Como se había anticipado, comenzaron los pedidos para recibir este beneficio de varios detenidos por delitos de lesa humanidad, entre ellos dos de los más emblemáticos y siniestros: el ex comisiario Miguel Etchecolatz y el ex capellán de la policía bonaerense Christian Von Wernich.

Etchecolatz está condenado a cadena perpetua por la cantidad de delitos de lesa humanidad que se le imputaron, a lo que añade la desaparición, en 2006, del sobreviviente Jorge Julio López, cuando iba a atestiguar contra el ex comisario.

El gobierno intenta deslindarse, pero es imposible incluso por el hecho de que dos de los jueces que fallaron en este caso fueron designados por Macri. Dos diputados de la gobernante alianza Cambiemos presentaron un proyecto de ley que pide anular su aplicación a condenados de delitos de lesa humanidad. En medio del debate en diputados entraron las Madres de Plaza de Mayo, que fueron aplaudidas de pie, escucharon las propuesta y se levantaron ofendidas cuando hablaba la diputada oficialista Elisa Carrió.

Se conoció también que en los tribunales existe un rechazo mayoritario que ha dejado aislados a los tres jueces de la Corte. La Iglesia se alejó de toda acción que pudiera coincidir con este fallo.

Este miércoles miles de manifestantes llevarán el pañuelo blanco de las Madres de Plaza de Mayo, a manera de homenaje, mientras llegan mensajes del exterior que recuerdan al gobierno argentino que debe respetar los pactos internacionales.