Al menos 100 millones de teléfonos celulares se utilizan en el país, y entre 2013 y 2016 sólo se reciclaron alrededor de 2 millones de aparatos. Quizá los usuarios los dejen olvidados en un cajón y después de algunos años vayan al bote de basura.

Esto sucede pese a que las empresas de telefonía móvil han colocado 482 urnas en locales comerciales del país donde los consumidores pueden desechar esos dispositivos.

En 2015, cuando el gobierno federal entregó 9 millones de televisores digitales, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) estimó que había en los hogares 40 millones de aparatos analógicos. Instaló centros de acopio para recolectar los equipos obsoletos, que debido al uso de decodificadores sumaban en febrero apenas 51 mil 488 receptores.

Estos son residuos electrónicos, de los cuales 21 mil toneladas se generaron entre 2006 y 2012, según los datos más recientes de que dispone la Semarnat. La ley define los desechos electrónicos de manejo especial, y es responsabilidad de los estados hacer planes para su disposición, aunque también se plantean acciones por tipo de residuo, como sucede con los celulares, los vehículos o los neumáticos, o con empresas.

Un teléfono celular contiene mercurio, litio, cobalto, níquel, cadmio y zinc, que contaminan el agua, el suelo y el aire y dañan la salud: una batería de cadmio puede contaminar 675 mil litros de agua. La Asociación Nacional de Telecomunicaciones, que agrupa las principales compañías de telefonía celular, impulsa un plan de manejo con el que entre 2013 y 2016 recicló un millón 899 mil equipos y 582 toneladas de accesorios.

Explica que con la entrada de los teléfonos inteligentes en 2013 hubo una caída en la recolección, ya que la gente dejó de desecharlos y permanecen más tiempo con ellos. En el primer semestre de 2016 el número de equipos recolectados disminuyó al 37 por ciento de lo acopiado para el mismo periodo de 2015. En cuanto a accesorios, se recolectó 47 por ciento del volumen obtenido en 2015.

En el informe correspondiente a 2016 precisa que las empresas ponen la infraestructura y las campañas de difusión, pero no son responsables de la decisión de los usuarios de participar en este esfuerzo. Recomendamos a la Semarnat apoyar este esfuerzo con una campaña de difusión en tiempos del Estado.