Las iniciativas para la ley de seguridad interior que se han presentado en el Congreso de la Unión “no necesariamente resuelven la carencia de un marco legal que regule y limite la participación de las fuerzas armadas, sino que parecen expandir sus facultades en temas de seguridad pública, estado de excepción, protección civil y salubridad general, señala un análisis del Instituto Belisario Domínguez del Senado.

Señala ese instituto que las iniciativas parecen presentar problemas de constitucionalidad con respecto a los artículos 21, 29, 73 y 129 de la Carta Magna, y además, agrega, los conceptos ofrecidos en las iniciativas para describir afectaciones y amenazas a la seguridad interior son ambiguos, lo que podría dar lugar a un amplio margen de discrecionalidad.

Destaca que aunque las iniciativas sí incluyen algunos mecanismos de control y supervisión, no siempre apuntalan la cultura de la rendición de cuentas propia de un orden democrático constitucional. En especial, subraya, sería recomendable considerar un control parlamentario cuando se requiera la participación de las fuerzas armadas.

El instituto señala que, frente a los problemas detectados, sería recomendable que el Congreso de la Unión abriera una discusión general sobre alternativas para enfrentar la violencia y la criminalidad.

Hace notar que aunque ocurran crisis futuras de violencia o de otra índole que requieran de atención excepcional de la autoridad, sigue siendo necesario un plan para el retiro gradual y permanente de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública.

Esto, se apunta, requiere discutir las consecuencias no intencionadas del combate frontal y militarizado al narcotráfico y a la delincuencia organizada, originadas en el contexto de la política internacional de control de drogas y de combate a la delincuencia organizada trasnacional.

Refiere el estudio que en varios países se están implementando esquemas alternativos de regulación del mercado de drogas, incluyendo aspectos como la despenalización del autocultivo y de la posesión para el consumo personal.

De igual forma, expone, también ha comenzado un debate internacional sobre las propias reglas de producción de analgésicos y de medicamentos derivados de la cannabis, del arbusto de coca y de la flor de amapola.

El análisis del Senado recomienda que se discutan con mayor apertura los diferentes esquemas de regulación que ya se aplican en Bélgica, Ecuador, España, Jamaica, Nueva Zelandia, Portugal, República Checa y Uruguay, así como en algunas localidades de Estados Unidos.