l menguado secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, consideró necesario salir al foro mediático a dar un abrazo político al virtual vicepresidente ejecutivo, Luis Videgaray Caso, cuya concentración de poder ha desplazado y opacado al ex gobernador de Hidalgo.

En Radio Fórmula, entrevistado por Joaquín López-Dóriga, Osorio Chong dijo que su relación con el actual secretario de Relaciones Exteriores es buena, pero antes, cuando éste era titular de Hacienda, era mayor. El esfuerzo del secretario de Gobernación busca aminorar las versiones, surgidas desde antes de que tomara posesión el actual equipo de gobierno federal, de que hay un cerrado enfrentamiento entre ambos personajes. Con el agregado, en el contexto actual, de que ese presunto pleito político tendría casi en la lona al hidalguense; perdida, según eso, cualquier posibilidad de ser candidato presidencial; en riesgo incluso, se dice, su actual cargo.

Osorio Chong aprovechó la oportunidad para dar continuidad a la campaña oficial que busca confrontar al (pre)candidato presidencial de Morena, López Obrador, con el Ejército, pues dijo que el tabasqueño no ha lamentado públicamente la muerte de cuatro soldados en Puebla, en días recientes, frente a ladrones de combustible. También sumó a la lista de indeseables de la actual administración al gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral Jurado, por haber dicho que el gobierno federal busca hacer que los gobiernos no priístas queden mal en materia de seguridad pública.

El juego electoral mexicano siempre ha estado repleto de violaciones a la legalidad. No sólo en cuanto a formas de financiamiento, gastos de campaña y consecución y conteo de los votos: el catálogo de irregularidades presuntamente delictivas suele ser tan extenso como ajeno a verdaderos castigos. Si fuera futbol, el árbitro preferiría dejar que corriera el balón, en lugar de usar tarjetas de amonestación o expulsión; si fuera un accidente vial, la autoridad indicaría que, a fin de cuentas, cada automovilista corriera con los golpes en sus vehículos, sin mayor complicación.

Los organizadores oficiales de los comicios (el Instituto Nacional Electoral, antes el IFE) y los juzgadores de esos procesos (el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación), con sus correspondientes reproducciones en los estados, han optado históricamente por permitir el libre flujo de las marrullerías partidistas, sobre todo las provenientes de las esferas del poder en turno, sin anular, más que en muy contadas excepciones, comicios cargados de vicios y delitos. En todo caso, hay sanciones económicas y castigos que no afectan que los infractores se queden con los cargos impugnados. Ejemplos apabullantes de esa tolerancia extrema lo constituyen los procesos en que se quedaron Felipe Calderón y Enrique Peña con Los Pinos.

Esta vez, en las elecciones del estado de México, el PRI-peñismo y su aliado oneroso, el PAN de los mil millones de Josefina, están avanzando con especial enjundia en la tentación de frenar por la vía judicial a la candidata del partido Morena, la profesora Delfina Gómez, quien, junto con su promotor nacional, Andrés Manuel López Obrador, se han convertido en mucho más que una piedra en los zapatos de lo que es denominado como Grupo Atlacomulco y de sus socios solidarios, los panistas.

Los documentos hasta ahora difundidos por las oficinas del partido blanquiazul muestran evidencias de que la profesora Delfina autorizó, siendo presidenta municipal de Texcoco, descuentos de 10 por ciento a trabajadores que, según la defensa de la candidata Gómez, solicitaron expresa y voluntariamente tales movimientos financieros. Acción Nacional insiste en que parte de ese dinero descontado fue a parar a una cuenta personal de Alberto Martínez Miranda, quien era el tesorero municipal, hermano de Higinio, de los mismos apellidos, quien actualmente es el presidente municipal del mismo Texcoco y ha fungido como jefe máximo del Grupo de Acción Política.

En otras circunstancias y momentos podría parecer fuego retórico la denuncia presentada por el PAN ante una oficina especializada en delitos electorales. Más, si se toma en cuenta que el partido promovente tiene como candidata a alguien, Josefina Vázquez Mota, que recibió más de mil millones de pesos para ayudas a paisanos migrantes, suma de la cual sólo ha rendido cuentas muy superficiales, claramente insuficientes. Más, si se toma en cuenta que el candidato del PRI, Alfredo del Mazo Maza, ha recibido el escandaloso respaldo de secretarios del gabinete federal que han llevado recursos de todo tipo en apoyo del primo del ocupante de Los Pinos, y que es evidente el despilfarro económico en un cantado proceso de compra de votos.

Habrá de verse si, en esta ocasión, se avanza más allá del esquema tradicional de los amagos justicieros o sólo se está construyendo un argumento más de propaganda, para judicializar la figura de Delfina, sin pretensiones reales de retirarle la candidatura. En la exposición de posturas que habrá hoy, mal llamada debate, entre los candidatos a gobernar el estado de México, podrá apreciarse hasta dónde ha avanzado la tentación, en la cúpula pinolera, de dar un golpe ejemplar a Morena, es decir, a López Obrador.

Y, mientras la Procuraduría General de la República ha pretendido salir al paso de los recurrentes señalamientos de violaciones procesales (entre otras) en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, con una subprocuradora y el fiscal para el tema de Iguala dando a conocer que aún no hay nada en firme ni distinto a la verdad histórica, aunque ampliando, ¡hasta ahora!, el radio de búsqueda tecnológica de los estudiantes desaparecidos, mediante vuelos de rastreo, de un kilómetro cuadrado a 60 kilómetros cuadrados en los alrededores de Iguala, ¡hasta mañana, con la renuncia de la directora de comunicación social de la procuraduría capitalina, Elena Cárdenas, luego del deplorable manejo de información oficial respecto del asesinato de la joven Lesvy Berlín Osorio!

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