La comunidad indígena me’phaa de San Miguel del Progreso, en Guerrero, se encuentra librando una nueva batalla legal para evitar que el gobierno federal declare sus terrenos libres, porque ello permitiría la llegada de otras empresas mineras, luego de que dos compañías concesionarias se retiraron del lugar.

Maribel González, abogada del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, recordó en entrevista con La Jornada que en 2011 el pueblo –llamado Júba Wajíin en su idioma original– se enteró de que la Secretaría de Economía (SE) otorgó a dos empresas mineras el derecho de explotar sus territorios, sin consultar antes a sus habitantes.

Las concesiones abarcaban 80 por ciento de las 6 mil 800 hectáreas de la comunidad, y su propósito era explotar los yacimientos de oro y plata con la técnica de la minería a cielo abierto, que implica la remoción de grandes cantidades de tierra y el uso de sustancias tóxicas como el cianuro.

Con la asesoría legal de Tlachinollan, San Miguel del Progreso solicitó un amparo para impugnar no sólo las concesiones, sino la propia constitucionalidad de la Ley Minera, por considerar que propicia despojos y otras violaciones graves de derechos humanos de comunidades cuyo subsuelo alberga recursos naturales.

De acuerdo con la litigante, una vez que el amparo en revisión llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 2015, se perfilaba buena probabilidad de que la Ley Minera fuera declarada inconstitucional.

Las empresas que tenían la concesión de San Miguel del Progreso prefirieron renunciar a ella, para evitar que el máximo tribunal del país abordara el tema de fondo y pudiera afectar el resto de las actividades mineras en el país.

Otra declaratoria

En tanto, la SE emitió en 2016 una declaratoria de libertad de terrenos para Júba Wajíin, que implicaba la llegada de nuevas compañías a explotar el área. Frente a ello, la comunidad interpuso un nuevo amparo que por el momento impide al gobierno mexicano volver a otorgar concesiones sobre sus tierras. Esperamos que la titular del juzgado primero de distrito dicte que la libertad de terrenos es violatoria de los derechos de los pueblos indígenas y, por lo tanto, nula. Si no obtenemos el amparo, vamos al recurso de revisión, adelantó González.

Mientras ello ocurre, el pueblo sigue organizándose por medio de su Consejo de Defensa del Territorio para protegerse no sólo a él, sino a toda la región.