a denuncia del equipo de Emmanuel Macron, a horas de los comicios en Francia, de haber sido blanco de un pirateo que hace públicos correos y documentos vinculados con el candidato socioliberal, evidencia el escaso conocimiento y acentúa la desconfianza que la mayoría de los políticos, en todo el mundo, tienen respecto de la tecnología digital y su producto hasta ahora más acabado: Internet.

Habitualmente las reacciones que presentan los afectados cada vez que un usuario o un grupo rastrea, encuentra y difunde información que ellos consideraban prudente mantener en secreto y la da a conocer (como en el caso de Wikileaks) los damnificados se apresuran a hablar de hackeo, como si para acceder a la mayoría de los datos que almacenan en la red fuera preciso llevar a cabo la actividad que en rigor define al hackeo, que es la modificación física, material, de un programa o una máquina (para el caso, una computadora).

No se trata de una minucia semántica o de un pequeño equívoco, porque la diferencia entre la práctica de buscar y copiar una información mediante herramientas sofisticadas pero lícitas y el recurso de entrar a fuerza en un sistema computarizado para extraer dicha información puede ser, sencillamente, una larga temporada en la cárcel.

Puede ser, porque en la vida real la mayoría de las actividades que se relacionan con la red y la información almacenada en dispositivos electrónicos están mal definidas (cuando lo están) o permanecen en un limbo legal donde los fallos, en caso de controversia, quedan librados al criterio de jueces que, a su vez, tampoco tienen gran noción técnica del asunto.

Está claro que apropiarse de información privada ajena (y además hacerla pública) es, en el mejor de los casos, una falta ética y, en el peor, un delito, aun cuando quien lo hace argumente que obra en favor de la transparencia o la verdad. Pero en el terreno de la informática, en términos jurídicos, no siempre queda claro dónde se encuentran lo privado y lo público. Por ejemplo, si por medio de un navegador adecuado cualquier ciudadano –que sepa usarlo– está en condiciones de leer el borrador interno que describe la plataforma programática de un partido político, ¿no puede aducir que el dato tiene carácter público? Al fin y al cabo está ahí, en una plataforma de uso común, y todo es cuestión de saber encontrarlo. Sólo basta fijarse en el alto número de demandas por mal uso de datos de Internet que han resultado improcedentes para comprobar que la lógica que impera en el mundo informático no corresponde de manera estricta con la que priva en el mundo en que nos movemos a diario.

“La difusión o reproducción de estos datos, obtenidos de manera fraudulenta –dice ¡En Marcha! refiriéndose a los publicados por un usuario que se hace llamar Emleaks–, es susceptible de recibir una tipificación penal”. Pero de momento esa es sólo la opinión del colectivo afectado; de ahí a probar que la información fue obtenida fraudulentamente hay un largo trecho sembrado de imprecisiones.

Y a la luz de los escándalos recientes desatados por obra y gracia de hackers y piratas, los políticos deberían tomar buena nota de ello.