La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) exhortó al gobierno mexicano a una pronta promulgación y puesta en marcha de la ley general para prevenir, investigar y sancionar los tormentos y otros tratos crueles e inhumanos, recientemente aprobada por el Congreso.

Además, advirtió que la utilidad y eficacia de la ley dependerá de las medidas que se adopten para garantizar su plena operatividad, por lo que también instó a las autoridades competentes, de acuerdo con la distribución de competencias prevista en la ley, a desarrollar sin demora los reglamentos, planes, programas y mecanismos necesarios para asegurar su efectiva aplicación.

En un pronunciamiento, la organización internacional –que ha seguido de cerca desde hace dos años el proceso de esta y otras legislaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos– consideró que la nueva ley reúne los requisitos para articular un sistema que garantice la prevención, la protección, la rendición de cuentas y la reparación de los actos de tortura que azotan diariamente a individuos y familias enteras.

No obstante, alertó que tras la aprobación de la ley se deben dar otras acciones, entre las cuales está la adopción de medidas que garanticen plenamente que las pruebas o declaraciones obtenidas mediante tortura u otros malos tratos deben ser excluidas de la averiguación o carpeta de investigación, conforme lo indica la misma legislación.

En la lista de siete acciones necesarias, la OMCT señaló que también se deben asegurar la prontitud, imparcialidad, exhaustividad e independencia de los exámenes médico-sicológicos que se lleven a cabo de acuerdo con la ley; crear las fiscalías especiales, dotándolas de recursos humanos y financieros suficientes; instalar el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y establecer el registro nacional, así como los procedimientos y convenios para la recopilación, la sistematización y la comunicación de la información.

Entre otras acciones está crear los protocolos y programas de atención a las víctimas de tortura y tratos crueles e inhumanos, y diseñar y llevar a cabo programas de capacitación sobre la nueva ley entre todos los servidores públicos cuyas actividades o conductas estén directa o indirectamente reguladas por esta.

Asimismo, advierte que todas estas medidas deben ser tramitadas de manera transparente y en consulta con las organizaciones mexicanas de la sociedad civil.