En reunión con diputados de la comisión especial para dar seguimiento al caso Ayotzinapa, familiares, abogados y técnicos del equipo de futbol Avispones de Chilpancingo, que fueron atacados durante los hechos de Iguala del 26 y 27 septiembre de 2014, denunciaron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha incurrido en una conducta omisa y negligente para cumplir con las indemnizaciones que les corresponden, como parte de la reparación integral del daño.

Tanto en conferencia de prensa, como en sendos encuentros en la Cámara de Diputados, denunciaron que el organismo mantiene en la lista de indemnizaciones al menos a siete personas que no viajaban en el autobús del equipo que fue baleado, y que sólo 16 de las 31 víctimas directas han recibido una reparación parcial del daño.

En un pronunciamiento conjunto, señalaron que el organismo, bajo el cobijo de un deficiente Poder Judicial federal, en especial Laura Gutiérrez Velazco, juez séptimo de distrito en materia administrativa en Ciudad de México, se han coludido y minimizado por completo a las víctimas en este caso, específicamente a nuestros hijos jugadores y cuerpo técnico del equipo de futbol.

Roberta Evangelista Hernández, madre de David Josue García Evangelista, conocido como el Zurdito, quien fue asesinado durante la emboscada, al dar lectura al mensaje adjudicó a la ineficiente administración de Jaime Rochín, titular de la CEAV, las omisiones para la reparación del daño de las víctimas de esos hechos.

“Acaso ya se le olvidó que él fungió como comisionado presidente durante 2015 y la mayor parte de 2016, y no brindó reparación alguna, agravando aún más nuestra situación al orillar la contratación de abogados particulares para defendernos –mediante amparos– de su institución, cuya fin debería ser la protección de las víctimas, circunstancia que ha aumentado la hostilidad de la CEAV”, dijo.

Exigió nuevas resoluciones respetando las sentencias emitidas por jueces federales, apegadas a los estándares internacionales; no combatir ni dilatar los procesos de amparo y sanción a los servidores públicos que han pretendido amedrentarlos con indemnizaciones más bajas.

La diputada perredista Cristina Gaytán mencionó, a su vez, que Rochín reconoció hace dos semanas, en una reunión con legisladores, que las primeras indemnizaciones que había planteado el organismos eran incorrectas, pero al momento no ha habido acuerdos concretos con los padres para homologarlas con otras que ya han sido revisadas.

En el encuentro, al que acudieron directores de la CEAV, Jorge León Sáenz, del cuerpo técnico de Avispones, cuestionó que con demoras premeditadas en todos los aspectos se les quiere indemnizar; en su caso, sin valorar su situación laboral, con 566 mil pesos cuando, como resultado del ataque, tiene un brazo atrofiado, la nariz reconstruida y casi perdió un ojo.

Uno de los abogados del equipo de futbol, Noé Infante González, lamentó que en cambio la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el concepto de daño punitivo, determinara indemnizar con 30 millones de pesos a los papás de un joven que murió ahogado de manera accidental.