En México es necesario, dadas las condiciones de realidad económica, que cada miembro de la sociedad cuente con un ingreso monetario pagado por el Estado, sin que medie condición alguna para su otorgamiento, expuso la diputada de Morena Araceli Damián Gónzález.

La legisladora anunció que su partido presentará en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa para garantizar el derecho al ingreso ciudadano universal.

Se calcula que conjuntando todos los recursos de programas sociales y asistenciales, cada mexicano podría recibir al mes mil 780 pesos, bajo el concepto de canasta normativa de alimentos.

Aracely Damián adujo que el ingreso ciudadano universal sería un apoyo universal, fundado en la reorganización estructural de las políticas públicas.

La propuesta se trata de un apoyo universal, integrado a un sistema tributario progresivo, como base para la reorganización estructural de las políticas públicas que permitiría además eliminar el clientelismo de los programas sociales, porque toda la sociedad gozaría de sus beneficios.

“Progresa, Oportunidades, Prospera, Seguro Popular, la ayuda a madres solteras y 65 y Más son programas clientelares que a final de cuentas permiten a los partidos comprar la conciencia y el voto.

Se busca que la política social sea universal y no se preste a ello, que no se excluya a nadie por preferencias partidistas, edad, condición económica u otros factores, indicó.

Refirió que se establecerían dos etapas. La primera es de 20 años, y cubriría sólo la canasta normativa de alimentos, más 15 por ciento relacionado con la preparación, almacenamiento y consumo de los mismos.

Cubriría los primeros cinco años a personas de 65 años y más, y a menores de entre ocho y 17 años, porque son los que tienen mayor cobertura de programas sociales y el costo fiscal va a ser menor.

Los siguientes cinco años, a niños y niñas menores de ocho años; el siguiente quinquenio abarcaría a mujeres de entre 18 y 64 años, y el último lustro a hombres del mismo rango de edades.

La segunda etapa, con una temporalidad de 20 años, ampliaría el ingreso ciudadano a elementos de una canasta normativa de satisfactores esenciales.