• Moisés Sánchez era director, editor y reportero de un pequeño periódico, La Unión, que cubría detenidamente los problemas del municipio veracruzano de Medellín. El alcalde panista Omar Cruz Reyes había manifestado repetidamente su enojo contra el periodista.

Su cuerpo –decapitado– fue hallado días después de ser secuestrado en su domicilio por varios hombres. El ex policía Clemente Noé Rodríguez fue detenido y confesó que él y otros cinco sicarios actuaron por órdenes de Martín López Meneses, escolta y chofer del alcalde. Un mes después de esta confesión, el Congreso estatal desaforó al edil Cruz Reyes, pero para entonces éste y los demás involucrados ya habían huido.

Durante las investigaciones se supo que el entonces gobernador Javier Duarte se había burlado del alcalde ‘‘por no poder callar’’ al periodista. El mismo Duarte de Ochoa, en su momento, expresó su desprecio por Moisés, al decir que era ‘‘un taxista y activista de barrio’’.

Durante la administración de Duarte los investigadores del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) no obtuvieron colaboración del gobierno estatal. Tampoco fueron recibidos por el entonces procurador Luis Ángel Bravo. Para la elaboración del presente informe tampoco fueron recibidos por el procurador actual, Jorge Winkler.

• Marcos Hernández Bautista cubría la información de Jamiltepec, en la conflictiva costa oaxaqueña, para el periódico Noticias de Oaxaca y para la radio alternativa K Buena. La última racha de amenazas que recibió terminó por convencerlo: esta vez ‘‘sí me van a matar’’, y lo comentó con su editora en Oaxaca, quien lo instó a que viajara a la capital del estado por protección. Dos días después fue acribillado frente a un bar de su propiedad en San Andrés Huaxpaltepec. La prensa local, atemorizada, apenas dejó registro del hecho. La Fiscalía General investigó el caso mayormente por teléfono. Ni siquiera la Defensoría de Derechos Humanos envió personal a Jamiltepec.

Meses después fue detenido un ex comandante de la policía municipal señalado como responsable. Fue sentenciado a 30 años de cárcel, por lo que el CPJ califica el expediente como ‘‘con cierto avance’’, pero como en los demás casos, no se investiga de dónde salió la orden.

• Gregorio Jiménez era el único periodista activo en Villa de Allende, cerca de Coatzacoalcos, Veracruz, escribía sobre lo que pasaba en la región: delincuencia organizada, trata de personas, secuestro y extorsión. El 5 de febrero de 2014 su cuerpo fue encontrado. Lo decapitaron y le cortaron la lengua.

Las autoridades veracruzanas (el fiscal era Amadeo Flores) negaron que el móvil fuera represalia por su actividad periodística. Dijo que fue ‘‘un pleito con vecinos’’. Están detenidos cinco presuntos sicarios y la supuesta autora intelectual del crimen, Teresa Hernández, dueña de un bar local que era punto de encuentro de personas vinculadas al tráfico de drogas. Han pasado tres años y no hay condenas. La negativa a recibir a organizaciones de derechos humanos y defensores de periodistas, como el CPJ, ha sido la constante.