l modelo de política social, y específicamente las políticas públicas para el combate a la pobreza y la desigualdad, no puede faltar en la plataforma ideológica y programática de los partidos políticos, y sus eventuales abanderados, de cara al desafío de 2018. Antes que las gráficas de posicionamiento de cada fuerza política, con criterios siempre fluctuantes, debe estar la oferta de justicia distributiva, con la concepción que fuere.

No es un tema menor. Junto a la propuesta de crecimiento económico nacional, el incremento del producto interno bruto (PIB) en abstracto, debe ir aparejada la fórmula o fórmulas para hacer partícipes de los frutos del desarrollo a todos los mexicanos, incluidos los que se encuentran en los últimos deciles de la tabla de ingreso y bienestar.

Las propuestas pueden ir desde una redición del Estado de bienestar, sin revisión de los criterios del pasado, hasta el viraje hacia un Estado gendarme, acotado, reducido a garantizar la lógica de acumulación de capital de las élites económicas, aderezado con medidas sociales epidérmicas, cosméticas, como lo plantea el neoliberalismo fundamentalista, hoy alentado por la derecha internacional.

Entre esos extremos caben propuestas de socialdemocracia, de estado social de derecho y de nacionalismo con visión de futuro, con un Estado garante del estado de derecho, facilitador de la inversión productiva, detonador de la expansión del universo de bienes y servicios, sin renunciar sino llevando como prioridad el compromiso social de procurar un piso de bienestar para todos los estrados poblacionales.

El abatimiento de los índices de pobreza, si bien con avances significativos en importantes rubros estos años, sigue siendo una asignatura pendiente en México a la luz de los indicadores del Coneval, la instancia autónoma encargada de medir la eficacia de las políticas sociales, con criterio por cierto más exigentes que los de instancias internacionales como el Banco Mundial, que considera pobre sólo a quien percibe menos de un dólar con 90 centavos por día y la Cepal que clasifica como persona en estado de pobreza extrema a quien percibe menos de un dólar por día.

Con indicadores del organismo nacional, si bien el porcentaje de los mexicanos en pobreza extrema bajó de 9.8 por ciento a 9.5 por ciento en la primera mitad del sexenio, esta condición social se incrementó ligeramente entre los pueblos y las comunidades indígenas, de 30.6 por ciento de la población perteneciente a algún grupo étnico a 31.8 por ciento, para pasar, en números absolutos, de 8.2 millones de indígenas pobres a 8.7 millones.

Pero en el análisis global, en el periodo que va de 2010 a 2015 además de la reducción del porcentaje de población en pobreza extrema mejoraron también los indicadores de población con carencias por acceso a los servicios de salud, al pasar de 29.2 a 16.9 por ciento; por acceso a servicios básicos en la vivienda, al colocarse de 22.9 a 12.3 por ciento; por calidad y espacios de la vivienda, al ubicarse de 15.2 a 12 por ciento; carencias por acceso a la alimentación, al pasar de 24.8 a 21.7 por ciento; carencias en el rezago educativo, al modificarse de 20.7 a 17.9 por ciento y carencia por acceso a la seguridad social, al cambiar de 60.7 a 56.6 por ciento.

En particular, hay una reducción importante en la población de 65 años o más sin acceso a la seguridad social.

En el rubro de la desigualdad hay también un gran desafío, pues mientras uno por ciento de los mexicanos más solventes concentran 43 por ciento del total de la riqueza producida en el país; 79.5 por ciento de la población vive en condiciones de vulnerabilidad social, sumados los segmentos de la pobreza extrema, la pobreza moderada y quienes les falta cubrir algún criterio del bienestar social, para constituir uno de los coeficientes de Gini más altos de América Latina y el mundo.

Me refiero a la fórmula ideada por el estadístico italiano Corrado Gini para mediar la desigualdad en los ingresos dentro de un país, pero que puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual. El coeficiente de Gini es un número entre cero y uno, en donde cero se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y donde el valor uno corresponde con la perfecta desigualdad. En esa fórmula, México tiene un coeficiente de desigualdad de 0.466. La diferencia en México entre el promedio de ingresos de las diez familias más ricas y 10 por ciento de los hogares más pobres es de 29 veces, la mayor desigualdad entre los países de la OCDE; en promedio el diferencial en los países miembros de ese organismo es de 10 veces.

Vistos los extremos de ese coeficiente, mientras hay quienes año con año figuran en la relación de potentados de la revista Forbes, hay también decenas de millones de mexicanos que aún carecen de una alimentación completa, educación y salud de calidad, y aún carecen de servicios públicos fundamentales en sus viviendas, como agua potable, drenaje y electrificación.

Mientras hay quienes detentan la propiedad de los principales sectores de mercado, comenzando por el de las telecomunicaciones en sus distintas vertientes, hay quienes lucha por llevar a su familia lo indispensable.

En el estudio Concentración del poder económico y político; desigualdad extrema en México, realizado por Oxfam México, el número de multimillonarios en el país no ha crecido mucho en los años recientes. Lo que sí ha aumentado y de qué forma es la importancia y la magnitud de sus riquezas. En 1996 equivalían a 25 mil 600 millones de dólares; en 2014 esa cifra era de 142 mil 900 millones de dólares. Ésta es una realidad: en 2002, la riqueza de cuatro mexicanos representaba 2 por ciento del PIB; entre 2003 y 2014 ese porcentaje subió a 9 por ciento. Se trata de un tercio del ingreso acumulado por casi 20 millones de mexicanos.

La relación de las mayores fortunas de Forbes 2017, publicada este mismo mes, no cambia sustantivamente la concentración del ingreso en muy pocas manos, en el mundo y en el país.

En suma, las políticas de combate a la pobreza y reducción de la desigualdad no pueden faltar en el núcleo de la propuesta de política económica y de política social de los partidos políticos hacia 2018, sus abanderados, y quienes en su momento puedan contender como candidatos independientes, sobre todo en un momento en que la embestida de la derecha trumpista amenaza con alterar las reglas del mercado mundial y hacer más difícil el camino al desarrollo de las economías emergentes.