Elena Burns, de Agua para Todos y del Centro para la Sustentabilidad de la Univerisdad Autónoma Metropolitana, pidió a la Asamblea Legislativa (ALDF) frenar la iniciativa de ley hídrica que promueve la presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua, Wendy González Urrutia (PAN), hasta que entre en vigor la nueva Constitución local, y exigió iniciar una amplia discusión sobre la nueva ley que cumpla con las garantías fundamentales que marca el derecho internacional.

Burns dijo que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) debe explicar por qué promueve mediante explicaciones en su página web qué es una asociación pública-privada y el pago que hizo a un abogado para diseñar un esquema de ese tipo para el organismo, de acuerdo con la respuesta a una solicitud de información que se hizo a Infomex.

La ALDF debe evitar que la nueva ley viole el derecho humano al agua al sancionar con severidad el no pago; que si alguien acumula dos periodos consecutivos sin pagar, se le corte totalmente el suministro; que la gente pueda conseguir vales para 50 litros al día, pero que tenga que pagarlos, así como la reconexión y la deuda, en tanto que para aprovechar el agua de lluvia se le obligue a estar inscrito en un padrón de participación ciudadana, añadió.

Por otra parte, la diputada Aleida Alvarez (Morena) señaló que ante el intento, en días pasados, de aprobar al vapor el dictamen, es necesario analizarlo a profundidad con la academia y organismos especializados.

Esta ley debe dar respuesta a la escasez cada vez más aguda, incluso en colonias que nunca padecían desabasto, como en Benito Juárez, que mucho se puede explicar por los grandes desarrollos inmobiliarios.

Sobre las tarifas, dijo, se requiere discutir el destino de los cuantiosos recursos que por servicios hidráulicos cobrará el Sacmex, pues en el dictamen se confunden las figuras de descentralización y desconcentración para el mismo organismo.