n esta República concesionada por obra y gracia de seis gobiernos neoliberales, los consorcios mineros contaminan aquí y allá, imponen proyectos y perforan en zonas de preservación ecológica, destruyen poblaciones completas, atentan contra el medio ambiente, no contribuyen al erario ni al bienestar de las zonas que explotan y se niegan a retribuir a la nación por la riqueza obtenida y los daños causados. Y por si eso fuera poco, consumen agua en una proporción anual equivalente al de cuando menos 12 millones de mexicanos.

Todo ello, y mucho más, por decisión de un gobierno (con seis caretas distintas, de Miguel de la Madrid a Enrique Peña Nieto) decidido a entregar la riqueza nacional sin beneficio alguno para sus propietarios originales, en el entendido de que las voluminosas ganancias se las quedan los grandes consorcios mineros y los enormes daños –ecológicos y sociales– los habitantes de las zonas explotadas.

Entre los reportes más recientes sobre las tropelías de los barones de la minería (que también lo son en no pocas actividades económicas del país) destaca que en Zacatecas, estado con histórica riqueza minera –concentrada en unas cuantas empresas privadas– los consorcios del ramo se niegan a pagar un impuesto ecológico estatal, porque esto sentaría un precedente para los otros estados de la República en donde operan (se estima que en 25 de ellos se registra esta actividad productiva).

Pero no sólo eso. Recién salido del horno, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados divulgó un análisis sobre los Grandes consumidores de agua: el caso de las mineras en México, el cual documenta los excesos de tales consorcios –entre los que sobresalen Grupo México, de Germán Larrea; Peñoles, de Alberto Bailleres; Frisco, de Carlos Slim (los tres integrantes de los multimillonarios Forbes), y empresas canadienses–, del que se toman los siguientes pasajes. Va, pues.

En México existen 417 empresas mineras dentro del Registro Público de Derechos de Agua (Repda), que a su vez se agrupan en 230 organizaciones empresariales mineras. Un total de mil 36 títulos de aprovechamiento de agua, amparando un volumen cercano a 437 millones de metros cúbicos anuales de agua, es lo que se encontró concesionado a empresas mineras (aparte, el agua que obtienen por otras vías no necesariamente de forma legal). Según CartoCrítica, tal volumen de agua equivale al necesario para satisfacer el derecho humano al líquido por un año de 11 millones 962 mil 830 personas. Cabe recordar que en el país casi 14 millones de mexicanos no tienen acceso al agua en sus viviendas.

El consumo de agua por la industria minera resulta suficiente para cubrir las necesidades humanas conjuntas de cuando menos toda la población de Baja California Sur, Colima, Campeche y Nayarit durante un año. Durante 2014 se extrajeron casi 3 millones de litros de agua por segundo en todo el país, según los datos del Repda-Conagua. ¿Cuánta de ésta ha sido concesionada para la industria minera? ¿A qué empresas y en dónde? Grupo México ocupa las mayores extensiones en la concesión de territorios de explotación minera. En segundo lugar se encuentra la empresa Goldcorp, de origen canadiense, y en tercero ArcelorMittal.

Sólo Grupo México (de Larrea, que en 2014 su empresa Buenavista del Cobre contaminó los ríos Sonora y Bacanuchi) consume anualmente más de 90 millones de metros cúbicos (tiene 142 concesiones federales para extraer agua), Goldcorp cerca de 50 millones (74 concesiones) y Arcelor alrededor de 46 millones (11 concesiones). Así, no es casual que los estados de la República en donde esos tres consorcios operan primordialmente (Sonora, Zacatecas y Michoacán, respectivamente) aporten la mitad del agua destinada a la minería en el país.

De acuerdo con la opinión de varios estudios y especialistas, la inversión extranjera en el sector minero en México no ha representado necesariamente una mejora económica en las poblaciones marginadas. Más bien parece que, al contrario, algunas veces son causantes de deterioro en la vida de los pobladores. Puede mencionarse el caso de la mina concesionada por el gobierno federal a la trasnacional canadiense Fortuna Silver Mines, cuya filial es la Compañía Minera Cuzcatlán, en San José del Progreso, Oaxaca (tercer municipio más pobre de ese estado).

Se estima una ganancia de 360 millones de pesos para la minera canadiense, en 2012, con la extracción de miles de onzas de oro y plata. En un contraste por demás evidente, el pago por esas concesiones al gobierno federal ascendió apenas a 2 millones de pesos. En cambio, dicha compañía ha dejado en el municipio daños ecológicos fuertes, con la contaminación de los mantos acuíferos de la zona, pues utiliza miles de litros de agua y mercurio para separar el oro; por consiguiente, el líquido queda contaminado y no se puede aprovechar para consumo humano ni para riego.

Actualmente existen alrededor de 300 proyectos mineros en el país, concentrándose principalmente en Durango, Chihuahua, Guanajuato, Saltillo, San Luis Potosí, Zacatecas, Taxco, la cuenca del río Balsas, la sierra de Querétaro, Oaxaca y Chiapas. Un dato adicional que resulta alarmante es que la mayor parte de estos proyectos se ubican en los estados con menos agua del territorio nacional; 268 proyectos mineros se encuentran en acuíferos con déficit hídrico; 958 áreas de conservación ecológica en México coinciden con concesiones mineras, y de 2 mil 448 sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, mil 315 coinciden con concesiones mineras.

Ninguna actividad industrial es tan agresiva ambiental, social y culturalmente como la minería a cielo abierto. Sus efectos son devastadores: elimina bosques, remueve y destruye suelos, agota y contamina el agua, despoja a ejidos y comunidades de sus tierras. En otras palabras, depreda el medio ambiente y vulnera los derechos de las comunidades y pueblos (Cárdenas, 2013).

Las rebanadas del pastel

Va de nuevo: los abajo firmantes del Pacto por México anunciaron (compromiso número 61) que expedirían una nueva Ley para la Explotación Minera, que revise el esquema de concesiones y pagos de derechos federales vinculados con la producción. Los recursos emanados de estos derechos se aplicarán prioritariamente en beneficio directo de los municipios y comunidades donde se establezcan las explotaciones mineras. Pues bien va para cinco años y ni sus luces.

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